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La Intervención del Ayuntamiento de Parla ha afeado en numerosas ocasiones al equipo de Gobierno, encabezado por el PSOE, el uso recurrente de los contratos menores para cualquier tipo de servicio. O lo que es lo mismo: ha señalado el abuso de las adjudicaciones a dedo en el municipio. El órgano fiscalizador ha hecho observaciones a una parte importante de las concejalías entre 2023 y 2024, con la advertencia de que incluso podría constituir un fraude de ley. Esta fórmula, precisamente, fue la utilizada por los socialistas para los encierros de este año, objeto de una comisión de investigación por presuntas irregularidades.
El Confidencial ha tenido acceso a más de una decena de expedientes de áreas gestionadas por el PSOE en Parla, pero también de Más Madrid, su socio de gobierno, y de Podemos, que abandonó la coalición el pasado mes de septiembre, en menor medida. En todos los casos se incluyen los apuntes del interventor al respecto, con la conclusión de que el Consistorio hizo un mal uso del contrato menor, sin publicidad ni concurrencia competitiva, e ignoró sus advertencias. Los importes, al tratarse de encargos de servicios, siempre son inferiores a 15.000 euros.
La Intervención es muy clara: "No pueden ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante y cuya contratación pueda planificarse", dice el ente municipal sobre la organización de la carrera We Run Parla 2024, a cargo de la concejalía de Deportes. Y añade: "(...) para futuras ocasiones se debería establecer con estas instituciones algún tipo de Acuerdo o Convenio de Colaboración con el fin de no hacer un mal uso del contrato menor, cuyo empleo debe limitarse a gastos de carácter puntual, poco usual e imprevisible".
Los escritos del interventor apuntan al empleo habitual del contrato menor, alejándose del carácter extraordinario de la herramienta, incluso en los casos que el Ayuntamiento contaba con suficiente antelación para convocar un concurso público. El aviso es extensible a distintas áreas del Gobierno local, como la de Presidencia, Cultura, Comercio e Interculturalidad para la impresión y buzoneo de la campaña de Navidad de 2023, entre otros expedientes.
"De repetirse una operación de la misma naturaleza en el año, o después de un año, constituiría un fraude de ley o cuando menos el empleo del contrato menor no conforme a derecho y que es lo que se pretende hacer también este año, obviando las recomendaciones realizadas por esta Intervención", subraya. También para el proyecto educativo Cantania con el Auditorio de Barcelona. "Si se pretende renovar año tras año este contrato, es preciso señalar que la figura del contrato menor no es la adecuada para gastos de carácter recurrente", dice sobre estos procedimientos.
Uno de los más recientes es el relativo al día de la bicicleta de 2024, celebrado en junio y también organizado por Deportes. La Intervención advierte al departamento, que dirige el socialista Javier González Serrano, que hace uso de esta vía "año tras año" con el pretexto de no poder programarlos con antelación. Pero no es excusa. "Es comprensible que esto pueda ocurrir ocasionalmente, pero lo deseable es que, en la medida de lo posible y para evitar inseguridades jurídicas, el Ayuntamiento lleve a cabo una planificación de las actuaciones generales para determinar el procedimiento de contratación más adecuado, aplicando siempre los principios de programación y buena gestión", señala, tras indicar que en 2022 ya se elevó una instancia similar y fue atendida en los eventos y actividades del año siguiente.
No existe prácticamente ninguna concejalía que se libre de los comentarios de la Intervención. Tampoco Alcaldía, Secretaría General, Asesoría Jurídica, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Relaciones con otras Administraciones, que encabeza el regidor Ramón Jurado. "El contrato menor no es el procedimiento adecuado para gestionar este tipo de gastos recurrentes", insiste el órgano fiscalizador sobre la adjudicación a dedo para suministros y talonarios de denuncia para la Policía Local. El Gobierno local, preguntado por estos informes, limita su respuesta a que el contrato menor es una figura "absolutamente legal".
Polémica por los encierros
Los contratos menores se han convertido en un quebradero de cabeza para el equipo de Gobierno del PSOE. La organización de los últimos encierros de Parla, adjudicados el pasado mes de junio a una entidad vinculada con un asesor municipal, provocó la salida de Podemos y la inesperada ruptura de la coalición, pero también una comisión de investigación con los votos del PP, Vox y la formación morada, además de la abstención de Más Madrid. El procedimiento está sembrado de dudas, especialmente porque el Ayuntamiento incluyó una oferta presuntamente fraudulenta.
Este tipo de contratos no exige la convocatoria de un concurso, pero aun así el Consistorio lo organizó y, según explicó, pidió tres presupuestos a tres empresas. Según consta en el expediente, optaron la entidad beneficiaria, Asociación Cultural Parla Taurina (14.990 euros sin IVA); Ofetauro Sur (16.500 euros) y Toros Tierra de Campos (15.900 euros). El Ayuntamiento alegó entonces que se hizo por una "cuestión de tiempos" y porque era la oferta más ventajosa, "aprobándose con los preceptivos informes técnicos". Sin embargo, como informó El Confidencial, el administrador único de la última, Javier Herrero, negó que hubiera presentado nada o hablado con la Administración. "No he presentado ningún presupuesto y nadie me contactó, ni por teléfono ni por escrito", declaró.
El Ayuntamiento de Parla no ha dado ninguna explicación pública al respecto. La edil de Cultura, Gema García, defendió la semana pasada la legalidad del proceso y atacó a Podemos por impulsar la comisión de investigación, pero evitó profundizar en la situación denunciada por Toros Tierra de Campos y en cómo ha llegado ese presupuesto al expediente. El único detalle, trasladado a este diario 24 horas, es que las ofertas fueron recabadas por un técnico municipal a través de una gestoría externa que "colabora altruistamente" con el Consistorio. La Intervención, no obstante, no se ha pronunciado sobre este caso.
El PP, que durante el Pleno de la semana pasada ya expuso sus dudas por los contratos menores en Parla (por encima de 2 millones de euros en total), apunta al papel del técnico que supuestamente se encargó de este trabajo. Los populares han registrado un escrito para aclarar lo sucedido, según los registros de entrada de los tres presupuestos, que de momento no figuran en el expediente.
"Solicitamos informe del mismo técnico en el que se indique el procedimiento seguido para el envío y recepción de las ofertas antes citadas, incluyendo en el informe los números de registro de salida de las invitaciones a las empresas y los números de registro de entrada de las ofertas recibidas por las mismas según indica el informe del día 14 de junio", explican desde el grupo municipal. Tanto el PP como Podemos se reservan la opción de acudir a los tribunales.
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