:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fabb%2F779%2Fd49%2Fabb779d499713651cbd82f19e66dc521.jpg)
El fundador de la empresa de criptomonedas Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, ha declarado este lunes ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama que entregó 100.000 euros en metálico y sin factura a Alvise Pérez en plena campaña para las elecciones europeas para obtener futuros favores por parte del eurodiputado.
La comparecencia de este miércoles resultaba clave para discernir si Alvise Pérez le solicitó este dinero para financiar su partido Se Acabó la Fiesta (SALF) o como pago de algún servicio que el eurodiputado le hubiese prestado. Según indican las fuentes consultadas, Romillo ha señalado que los propios mensajes y audios que ha entregado a los investigadores, a los que ha tenido acceso El Confidencial, prueban que le solicitó este dinero para sufragar gastos de la campaña. "Independientemente de que lleguemos o no a un acuerdo, contad con mi voz para apoyaros desde el pleno del Parlamento Europeo", le indicó Alvise Pérez en uno de estos mensajes.
Solo el Tribunal Supremo tiene competencia para imputarle por su condición de eurodiputado. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama le había ofrecido declarar de forma voluntaria este miércoles, pero no ha acudido. Según apuntan las mismas fuentes, su abogado sí se ha presentado y le ha preguntado a Romillo si tiene algún tipo de interés político, tratando a su vez de desvincular los 100.000 euros de la campaña de SALF. El magistrado le ha preguntado, por su parte, sobre los motivos por los que interpuso su denuncia ante la Fiscalía el pasado septiembre y Romillo ha hecho referencia a las exclusivas que este diario publicó el pasado septiembre.
En estas informaciones se explicaba que Alvise Pérez había desviado "donaciones para su campaña a cuentas con dinero de un chiringuito denunciado por la CNMV", en referencia a la empresa de criptomonedas fundada por Romillo. Días después, las autoridades de Portugal bloquearon las cuentas de su sociedad y Romillo decidió acudir a la Fiscalía para revelar la entrega de 100.000 euros en metálico a Alvise Pérez.
La línea de investigación sobre este pago forma parte de una causa más amplia que se centra en la supuesta estafa piramidal perpetrada por Romillo a través de su empresa. A la hora de citar a ambos, Calama también apuntaba a que Alvise podría haber ejercido como "cooperador necesario" o "cómplice en el delito de estafa agravada" por la promoción que hizo de la presunta actividad ilícita.
De la Fiscalía a la Audiencia
La denuncia de Romillo quedó en un primer momento en manos de la Fiscalía General del Estado, que consideró que estos hechos podían encajar con un delito de financiación ilegal y remitió toda documentación a los fiscales del Tribunal Supremo por ser los competentes para investigarle. La ley sobre financiación de los partidos políticos prohíbe "donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros", así como las "procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica".
Tras tener conocimiento de que la Audiencia Nacional ya había abierto un procedimiento, la Fiscalía del Supremo archivó sus diligencias y dejó la denuncia en manos de este tribunal, agrupando así ambas líneas de investigación: por un lado, la de la posible estafa por parte del chiringuito financiero y, por otro, la centrada en Alvise por un posible delito de financiación ilegal. Si Calama considera que existen suficientes indicios para investigar a Alvise, el siguiente paso consistirá en devolver la causa al alto tribunal para que proceda a su imputación.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}