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La última maniobra de Moncloa para cambiar la ley de Radio Televisión Española e imponer un nuevo modelo de elección para aislar al PP generó una nueva oleada de malestar e indignación en las filas del partido conservador. Descontado el voto en contra en el Congreso al real decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros, el PP analizará su respuesta política y parlamentaria a la última "cacicada" del Ejecutivo. Una de las opciones que se debatirá en los próximos días en las altas esferas de la formación es la de proponer o no a los cuatro consejeros que corresponden al Senado, donde el PP ostenta la mayoría absoluta.
Diversas fuentes parlamentarias del PP, tanto en Congreso como en Senado, señalan que no hay una decisión tomada al respecto y que aún se encuentran a la espera de estudiar la "letra pequeña" del texto del Gobierno antes de dar el siguiente paso. Pero ninguno de los dirigentes consultados descarta la vía de dejar desierta su cuota para RTVE en la Cámara Alta para no ser partícipes de la intención del Ejecutivo de "controlar por completo" el ente público. "Se analizarán todas las posibilidades", ratifican voces del PP presentes en la Comisión Mixta de Control Parlamentario.
"Se está estudiando si reglamentariamente se puede hacer y si, posteriormente, se toma esa decisión", ratifican fuentes parlamentarias, que trasladan la decisión final al comité de dirección de Génova. "Es una cacicada muy bien pensada", lamenta, con pesar, otro dirigente popular. "Se han traspasado todas las líneas. Esto cambia por completo las reglas del juego", incide un miembro de la cúpula nacional. "La reforma apesta por todos lados", añade otra fuente de la dirección parlamentaria, donde contemplan "todas las opciones" una vez analizado el texto legislativo.
El Gobierno tiene ya descontado que el PP podría no elegir a los cuatro miembros que corresponden al Senado, pero da por hecho que el Consejo de Administración podrá ponerse en marcha sin estos consejeros. La negociación con los socios de investidura ha previsto ya esta posibilidad y fuentes gubernamentales sostienen que el órgano rector de la televisión y la radio pública puede funcionar sólo con los once miembros que corresponde escoger al Congreso.
El número no es casual, como tampoco lo es el desequilibrio entre los consejeros que escoge la Cámara Baja —once, antes eran seis— y la Alta —se mantienen cuatro—. El real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros amplía de 10 a 15 el número de integrantes del Consejo, en parte para dar entrada a candidatos de los grupos políticos que componen la mayoría parlamentaria, pero también para que con once miembros sea operativo, en caso de que se borre del PP.
Con la imposición de la rebaja de mayorías, el Ejecutivo era consciente de que resultaría prácticamente imposible contar con los populares. La Moncloa se escuda en que no se puede repetir el bloqueo al que se sometió la renovación del Consejo General del Poder Judicial y a que en el pasado ya se introdujeron modificaciones puntuales para sustituir los dos tercios por mayoría absoluta, que ahora se consolidan. La realidad es que con este cambio ya no necesitan a los populares, y tampoco prevén que se sumen a un pacto con el resto de fuerzas en el Congreso que podría ampliar la cuota de Génova en RTVE.
Los cuatro integrantes propuestos por los conservadores gracias a su mayoría absoluta en el Senado no tendrían capacidad de decisión frente a una mayoría integrada por el bloque de Gobierno en el ente público. De ahí el brete para el PP de proponer o no a sus integrantes y participar en una negociación en la que el Gobierno prevé dar cabida a algunos de sus socios parlamentarios. En el Gobierno tampoco están seguros de si nombrarán o no a los cuatro consejeros que corresponden a la Cámara Alta.
Aunque "no es comparable" uno y otro caso, en el PP recuerdan que ya renunciaron a su 'cuota' en el Banco de España y declinaron proponer subgobernador para no "blanquear" la decisión de Moncloa de imponer al exministro José Luis Escrivá al frente del organismo. En aquel momento, Sánchez se saltó el tradicional pacto no escrito entre Gobierno y oposición para negociar la cúpula de la principal institución económica de España. En el caso de RTVE, no obstante, se trata de un reparto reglado por ley que ahora modifica el Ejecutivo para superar el "bloqueo institucional" del ente por la falta de interlocución del PP, que pasará a ser un mero espectador.
Los contactos entre Gobierno y PP para renovar RTVE, en situación de interinidad desde 2022, estaban totalmente congelados. La desconfianza en Génova era mayúscula y el propio Feijóo descartó negociación alguna con el Ejecutivo en esta materia. "Se han tomado un conjunto de decisiones, todas ellas ilegales, que han llevado a que una presidenta ejerza el cargo de forma ilegal", aseguró el líder del PP en una entrevista con El Confidencial el pasado mes de junio. "Nosotros no vamos a participar del blanqueamiento de una institución que debe ser de todos, y que ahora es del Gobierno", decretó.
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Paula Cerveró
"Teniendo en cuenta la política del Gobierno con respecto a la toma de las instituciones, todo parece indicar que van a por una más", afianzó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que aseguró este martes que el decreto del Ejecutivo "no pinta bien" y que se trata de un nuevo intento de "censura" que, "desde luego no va a contar con la colaboración del Partido Popular". Fuentes de Génova ratifican que el PP no votará a favor de la reforma del Gobierno, pero reiteran que "sin conocer nada del texto" no pasarán de pantalla ni abordarán la vía de proponer o no a sus integrantes para el ente público en el Senado.
A la espera de lo que haga el PP, las conversaciones con los socios están "muy avanzadas", no sólo para la convalidación del real decreto ley sino sobre los nombres de los propios consejeros y del próximo presidente de RTVE. La idea del Ejecutivo es someterlo a votación previsiblemente la próxima semana. A partir de ese momento la propia reforma prevé elegir cuando antes a los miembros del consejo y se mandata a los presidentes del Congreso y del Senado a iniciar el procedimiento en el plazo de 15 días naturales, una vez que el real decreto ley sea convalidado, y a concluirlo en dos semanas.
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