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El PP ha dado el paso de abrir definitivamente un conflicto institucional entre Congreso y Senado y llevará el choque por la ley que beneficia a presos de ETA al Tribunal Constitucional si Armengol no rectifica y permite que la polémica normativa vuelva a ser votada en la Cámara Baja.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que, en primer lugar, enviarán una solicitud a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de no celebrar el Pleno para levantar el veto que interpuso el Senado a la ley. Si persiste en su negativa, ha incidido, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta, interpondrán un recurso ante el TC para que sea éste el que resuelva el "conflicto de atribuciones".
El presidente del Senado, Pedro Rollán, consiguió retrasar la polémica modificación de la ley 7/2014 que facilita la excarcelación de presos de ETA. En un sorprendente giro, el dirigente popular decretó devolver el texto al Congreso para que se pronunciase sobre el "veto" interpuesto en el Pleno del pasado lunes, donde la mayoría absoluta del PP votó en contra de la normativa. Se trata de una decisión inédita, porque los populares no habían presentado enmiendas ni vetos durante el paso de la polémica normativa en la Cámara Alta en el plazo establecido para ello.
La Mesa del Congreso, por su parte, ignoró la decisión de Pedro Rollán y anunció que enviaría el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE), cuya publicación se producirá en los próximos días. Como explican fuentes de la Cámara Alta, el primer paso del conflicto de atribuciones pasa por enviar un requerimiento a Francina Armengol para que convoque un pleno y tramite el veto del Senado. Ese requerimiento se votará en el Pleno del Senado la próxima semana. Una vez aprobado, se da traslado al Congreso, y éste tiene un plazo de un mes para resolverlo. Si no se pronuncia, se traslada dicho conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional para que lo resuelva.
Sánchez intentó estafar al @Congreso_Es y al @Senadoesp y ahora pretende amordazarlo. No nos quedaremos de brazos cruzados ante el intento de Armengol de secuestrar el veto del Senado a la ley que beneficia a presos de ETA.🔴 El pleno del Senado exigirá al Congreso que lo… pic.twitter.com/iqP6c7mwWD
— Alicia García (@AliciaGarcia_Av) October 18, 2024
Se trata de una figura jurídica que en ningún caso paraliza la tramitación de la norma en cuestión, por lo que no obstaculizará la entrada en vigor de la ley que facilita la excarcelación de presos de ETA. El PP ya hizo uso de esta figura en el Senado durante la tramitación de la ley de amnistía, para exigir al Congreso que retirase la norma y la tramitase como una reforma constitucional, y no por el procedimiento previsto para una ley orgánica. La Cámara Baja se negó, y el PP decidió no seguir adelante con el proceso, retirando el conflicto competencial y evitando elevarlo al TC por un precedente desfavorable.
Alicia García ha criticado que la decisión de Armengol de rechazar votar el veto del Senado a la polémica normativa no estuvo fundada en ningún informe de los servicios jurídicos de la Cámara Baja. El presidente del Senado sí encargó un informe a la letrada mayor de la Cámara, Sara Sieira, que amparó la decisión de negarse a promulgar en el BOE la normativa y devolverla al Congreso pese a reconocer que se trata de una "decisión inédita" que no cuenta con precedentes. El conflicto de atribuciones ante el TC camina precisamente en esa misma línea: la de sentar un precedente legal para evitar que el Congreso "vulnere" las competencias del Senado de aquí en adelante.
La maniobra del PP tiene una vertiente política, que es la de intentar enmendar el error parlamentario de avalar la reforma legal sin percatarse de que las enmiendas presentadas por Sumar durante su paso por la Comisión de Justicia tendría efectos directos en las condenas de más de cuarenta presos de ETA. La negligencia desató una gran crisis interna en el partido, pero Génova decidió apretar filas y no depurar responsabilidades por la equivocación.
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