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Carles Puigdemont ha puesto este jueves condiciones claras al Ejecutivo para poder reconducir las relaciones y llegar a nuevos acuerdos. Con el Gobierno necesitado de los votos de Junts para poder aprobar los próximos presupuestos, los socialistas tratan de recomponer el diálogo con los independentistas.
Desde el Ejecutivo ayer se produjeron contactos entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Y está pendiente una reunión de la mesa de diálogo con mediador internacional que se celebra mensualmente en Suiza. Ninguno de los partidos informa sobre estas citas, por lo que incluso se podría haber celebrado ya la que toca en septiembre.
En medio de esta operación de recomposición, Puigdemont ha hecho público hoy a través de las redes sociales que sólo "avanzarán" si antes el Gobierno ejecuta el traspaso "integral" de las competencias de inmigración. El expresidente catalán reaccionaba así a una información de El Periódico de Catalunya sobre que PSOE y Junts trabajan en este asunto, que debe aprobarse mediante una ley orgánica.
El Ejecutivo llegó a este pacto con Junts el pasado enero para poder convalidar tres reales decretos (al final uno se tumbó por el voto en contra de Podemos). Pero socialistas e independentistas discrepan sobre el contenido real del acuerdo. Puigdemont insiste en que la delegación debe ser "integral" y en que, por supuesto, no sería el peaje para sacar adelante las cuentas del próximo año, sino el pago de una factura pendiente.
El Gobierno retoma los contactos con Junts en busca de la anhelada reconciliación
Marisol Hernández
En un desayuno informativo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado claro que las competencias sobre seguridad y entrada en fronteras españolas son del Estado "y no son traspasables". Y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha expresado siempre en el mismo sentido.
La política en materia de fronteras y la expulsión de inmigrantes está en manos de la Administración General del Estado, dijo en una entrevista en RNE, delimitando así que se puede traspasar y que no. Está por ver qué se delega porque el Ejecutivo nunca lo ha dejado claro pero sí ha dicho que es intransferible. El problema es que Juns sí manifestó que aspiran a que el Govern pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes y a influir en el reparto de extranjeros por toda España.
Los socialistas se muestran ya mentalmente preparados para no tener presupuestos, aunque el compromiso es que los presentarán. Pero, tras el verano, las conversaciones con Junts se han reactivado, a pesar del malestar de este partido porque Puigdemont no haya sido amnistiado y del acuerdo entre el PSC y ERC para hacer presidente a Salvador Illa.
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