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El PP quiere acompasar su ideario político a los nuevos paradigmas sociales, especialmente en lo que tiene que ver con la relación con el trabajo. La competitividad, el esfuerzo y la productividad siguen siendo señas irrenunciables para el partido conservador pero, por primera vez, irrumpe con fuerza en su argumentario la "realidad" de las nuevas generaciones. Según diversos estudios, la mayoría de los jóvenes priorizan la conciliación al sueldo a la hora de elegir un empleo. Génova ha comprobado el arraigo de este fenómeno a través de encuestas internas, y se arremanga no sólo para no quedarse atrás en uno de los grandes debates sociales, sino también para intentar tomar la iniciativa ante el bloqueo parlamentario del Gobierno.
Feijóo abrió esta semana un camino hasta ahora inexplorado por el PP y reinventó su posición política acercándose a la medida estrella de Sumar: avanzar en la reducción de la jornada laboral. Legislar con la filosofía de "no vivir para trabajar", sino "trabajar para vivir". El líder popular es proclive a pactar un modelo en el medio o largo plazo para comprimir la semana de trabajo en cuatro jornadas, de forma "quirúrgica" en función del sector, escalonada en el tiempo y siempre de la mano de los agentes sociales. La propuesta se alinea con las recetas que están siguiendo otros líderes comunitarios sin importar su signo político, desde el laborista británico Keir Starmer al líder conservador polaco, Donald Tusk.
"El objetivo a medio plazo es conseguir una España en la que trabajando cuatro días a la semana podamos tener la misma productividad de otros países del mundo, que probablemente también van a ir a ello", explicó Feijóo en una entrevista para Vanity Fair. No obstante, el modelo que ahora ensalza el PP se quedará en una posición política sin efectos prácticos, porque Génova, al menos por ahora, no se plantea introducir referencia alguna a la semana de cuatro días en su prometida Ley de Conciliación, que registrarán en el Congreso en cuestión de días y en la que esperan concitar un amplio consenso parlamentario.
El PP sí incluirá un apartado para instar a las empresas a "flexibilizar" la jornada laboral a través de un banco de horas con el que los trabajadores puedan elegir cómo distribuir su tiempo para conciliar. Se trata de incentivar, por tanto, controles horarios menos encorsetados. El objetivo del PP es sentar las bases para un debate más amplio, y que estas recomendaciones sirvan a las empresas a empezar a dialogar con sindicatos para analizar cómo facilitar la conciliación de sus empleados antes de dar el salto cualitativo hacia la semana laboral de cuatro días. Los populares asumen, en todo caso, que las grandes empresas tendrán más fácil adecuar este nuevo ritmo de trabajo que las pymes, por lo que proponen analizar "caso por caso" y "sin imposiciones".
Los populares apuestan también por relajar la presencialidad y se oponen a que las nuevas medidas de conciliación repercutan de forma negativa en los salarios de los trabajadores. La filosofía que defienden es "trabajar mejor para trabajar menos", convencidos de que la compresión de la semana laboral no mermará la productividad ni la competitividad de las compañías.
La iniciativa de Feijóo tiene un carácter embrionario y Génova aún no ha cuantificado el coste que supondría impulsar en España la reducción de la jornada, pero en su equipo proponen paliar los costes de las empresas mediante "medidas compensatorias" y ayudas procedentes de los fondos europeos. Defienden, además, que la propuesta puede contribuir a reducir los gastos por las bajas laborales relacionadas con la salud mental, y repercutir de forma positiva en la actividad económica relacionada con el ocio.
A priori, el PP evita sumarse a la reducción de jornada a 37,5 horas semanales que Yolanda Díaz negocia en paralelo con los agentes sociales y propone compensar el día extra de descanso con cuatro jornadas en las que se trabaje "nueve o diez horas" para mantener la semana laboral máxima de 40 horas fijada en el Estatuto de los Trabajadores, sin entrar en las excepciones voluntarias de determinados colectivos. No obstante, en Génova no se oponen al modelo que defiende Sumar y se abren incluso a apoyar la iniciativa en el Congreso siempre y cuándo venga acompañada de un acuerdo con la patronal y sin "imposiciones" a los empresarios.
Hay que recordar en este punto que el PP se abstuvo en una proposición no de ley de Sumar para testar los apoyos parlamentarios al recorte de la jornada laboral. Pero los populares no darán pasos sin contar con el beneplácito de la patronal, y su presidente, Antonio Garamendi, sigue enfriando un acuerdo con el Ministerio de Trabajo. A lo largo del mes de octubre, Feijóo tiene previstos encuentros con UGT, CCOO, Cepyme y CEOE para perfilar la propuesta, y se abre además a agendar una reunión con Yolanda Díaz, que recibe de buen grado el "diálogo" con el PP.
Ayuso, "totalmente en contra" de reducir la jornada
Génova ha abierto la puerta a un debate que, no obstante, genera recelos en otros sectores del partido. Aunque la reunión de Feijóo con los barones en el marco del Comité Ejecutivo Nacional el pasado lunes versó sobre las propuestas del partido en conciliación, el líder no despachó con sus presidentes autonómicos su modelo de reducción de jornada, ni durante la reunión a puerta cerrada ni en el almuerzo posterior.
Un error de Igualdad abre la puerta del despido a quien pida reducción de jornada
Ignacio S. Calleja
Este miércoles, los focos volvieron a ponerse en Isabel Díaz Ayuso después de que su portavoz de Gobierno, Miguel Ángel García, asegurase estar "totalmente en contra" de reducir la jornada laboral, al entender que merma la "productividad", de la "inversión" y del "empleo. Fuentes de Sol matizaron poco después que García no se refería a la propuesta para comprimir la jornada de Feijóo, sino a la medida de Sumar para fijar un máximo de 37,5 horas de trabajo semanales.
No obstante, en el entorno de Ayuso evitan defender el posicionamiento del líder del PP y prefieren "esperar" a que Feijóo detalle la propuesta para ver cómo afecta ésta al sector público. "Si es un acuerdo entre empresas, no suena mal. El problema es qué hacer con profesores y sanitarios, por ejemplo", comentan. La que no escondió su posición fue la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que calificó de "error" en redes sociales el nuevo giro social del PP hacia algunas de las banderas históricas de la izquierda.
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