:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fd7e%2Fc8d%2Fc1f%2Fd7ec8dc1f296069a5208bbe7ef070830.jpg)
Génova busca allanar el terreno con la patronal para dotar a su "ambiciosa" Ley de Conciliación de profundidad y recorrido más allá de los apoyos que logre cosechar en sede parlamentaria. Alberto Núñez Feijóo se reunirá con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la primera quincena de octubre. Pero quiere llegar a la cita con parte de la batalla conquistada, sobre todo después de que el líder de la patronal se sacudiese en una entrevista para El Mundo de las "imposiciones" de los políticos y se haya mostrado contrario a cualquier fórmula que implique una reducción de las horas trabajadas.
La propuesta del PP, sin embargo, no implica un recorte de la jornada laboral, sino una concentración de horas en cuatro días para aumentar de dos a tres los días de descanso. Y por eso entienden en Génova que Feijóo, a diferencia de Yolanda Díaz, tiene una oportunidad para atraer a la CEOE a su propuesta. "No es una carga para las empresas", subrayó este lunes la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós. La dirigente anunció, además, que el PP registrará su Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar en las Cortes este mismo martes, y que abrirán además una ronda con todos los grupos parlamentarios con la única excepción de EH Bildu.
En el PP aseguran que su planteamiento se alinea con el de la patronal, y están convencidos de que sus medidas no sólo repercute en la "calidad de vida" de los trabajadores, sino también en la "calidad del trabajo" que desarrollan para sus empresas y, por tanto, tendrá un efecto positivo en la productividad. Génova huye de las imposiciones y aclara que las medidas de conciliación debe partir de un "acuerdo previo entre empresa y trabajador", y proponen ayudas y otros incentivos para aquellas compañías que remen a favor de la conciliación familiar y laboral de su personal.
"La conciliación no es una cuestión ideológica", defendía Ana Alós, que desgranaba algunas de las propuestas que incluirá su texto legislativo y que presentarán en las próximas semanas a los principales sindicatos y a la patronal. Además de la educación gratuita de 0 a 3 años, los populares proponen una mayor flexibilización de los horarios de trabajo con la creación de "bancos de horas" para que los trabajadores puedan elegir su tiempo de descanso, así como aliviar la presencialidad en los puestos de trabajo o promover ayudas a aquellas empresas que faciliten la reincoporación de mujeres que se habían cogido una excedencia por cuidado de un hijo o de un familiar.
"El 86% de las personas que piden una excedencia en nuestro país por cuidado son mujeres"; incidía Alós, que se ha situado al frente de una normativa que persigue aumentar también los permisos de paternidad y maternidad —de 16 a 20 semanas— y eliminar la obligatoriedad de que padres y madres tengan que acogerse a una baja simultánea en las primeras seis semanas tras el parto. En ningún caso, aclaran en el PP, los permisos de paternidad y maternidad serán transferibles. La ley incluirá nuevos incentivos fiscales para las familias con hijos a cargos, además de la creación de un Premio Nacional de Conciliación para "promover la sensibilización" y "premiar las buenas prácticas empresariales y sociales".
El PP ultima su Ley de Vivienda
La agenda social del PP no se quedará sólo en la Ley de Conciliación. Génova apuesta ahora por las banderas más "transversales" para tomar la iniciativa e intentar marcar agenda a un Gobierno lastrado por su debilidad parlamentaria. Por eso, en las próximas semanas registrará también en el Congreso su propia Ley de Vivienda, una propuesta que llegará a las Cortes en pleno estallido social por la subida de los precios de la vivienda —en el PP lo cifran en un 13% desde la llegada de Sánchez al Ejecutivo, mientras que calculan que la oferta se ha reducido un 36% en seis años—.
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha incidido en que la nueva ley del PP no incluirá medidas para regularizar los alquileres, pero sí políticas "para que haya más suelo" y facilitar la construcción de viviendas —estiman que se necesitan en torno a 200.000 viviendas al año— y desplegar medidas contra la okupación ilegal, que "perjudica a la oferta de vivienda y seguridad jurídica en el sector".
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}