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No codiciarás los bienes ajenos, dice el décimo y último mandamiento de la Biblia. Sin embargo, hace cuatro meses que el Arzobispado de Burgos y las ya exclarisas del monasterio de Belorado mantienen un pulso por este histórico convento, del que todos dicen ser dueños. El conflicto, antes que material, fue religioso. Pero ahora ha tornado en todo un pleito que llega incluso a los tribunales. Y que podría dejar a la abadía sin propietario. Eso es lo que argumenta el abogado de las exmonjas, Florentino Aláez, que prepara una contraofensiva judicial para frenar un posible desahucio –el arzobispo ha presentado una demanda en los tribunales para expulsarlas del edificio– del que "aún no les han informado". "No es la manera de hacer las cosas. Algo así hay que negociarlo", sostiene el letrado.
El representante de las exclarisas acaba de publicar una carta al Arzobispado en El Confidencial, en la que trató de rebatir muchas de sus tesis judiciales. Reconoce algunos hechos relatados por la archidiócesis, como que el 6 de junio algunos de sus representantes se personaron frente al monasterio para hablar con las religiosas y negociar pero, según ellos, ni les escucharon ni se les permitió entrar. Aunque el abogado de las inquilinas de Belorado da una explicación: poco después, las antes clarisas crearon una suerte de comité del que él mismo, junto a otros abogados y "personas de confianza", formaba parte, para debatir cuál habría de ser su postura legal desde la que negociar con la Iglesia. "Es el mecanismo habitual: para estos temas lo normal es que hablen los abogados, y no las partes", sentencia.
En la misiva desde la que defendió la postura de las exmonjas se vertieron graves críticas hacia el Arzobispado, al que acusaron de "entrometerse en la propiedad ajena", en referencia al monasterio, cuya propiedad –defienden– no es de la archidiócesis. Su principal argumento recoge el guante al arzobispo burgalés, Mario Iceta, cuando afirmó que la abadía pertenece a la comunidad eclesiástica. En esto último ambas partes están de acuerdo, pero difieren en quién representa exactamente a dicha comunidad. Según el letrado de las ya exclarisas, y así lo expuso en la carta, serían sus representadas y todas las moradoras del lugar desde el siglo XIV.
La defensa de las exmonjas
Su tesis señala que la abadesa –en este caso, sor Isabel, una de las díscolas– es quien ostenta la representación legal de las monjas de Belorado, y no la orden de Santa Clara (a la que antes pertenecían) ni tampoco el Arzobispado, para el que la excomunión de las clarisas "no es un acto meramente religioso o interno en la Iglesia, sino que produce efectos legales hasta el punto de privar a casi todas las monjas [...] de los derechos que ostentan de acuerdo con la ley española", tal y como señalaba Aláez en su texto. Si esto es, o no, como dice es algo que deberá determinar un tribunal. El caso ya está en manos del Juzgado de Briviesca, en Burgos, donde la archidiócesis presentó la demanda contra las nueve rebeldes.
Al igual que su portavoz admite el derecho de los católicos para presentarse en el convento cuando lo consideren, estima que sus clientas pueden declinarles la entrada para repensar el asunto. "Después de eso les enviamos un burofax en el que nos presentaban como sus representantes legales e interlocutores y les instábamos a comunicarnos cuáles serían los suyos, para que pudiéramos empezar a negociar. Pero el arzobispo no quiso hacerlo", asevera el letrado de las exmonjas. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, se mandó dos semanas después de que el Arzobispado enviara a sus miembros de visita.
En el mismo, las residentes en Belorado ofrecieron a la otra parte concretar un día, medio y hora para que sus respectivos portavoces pudieran verse y dialogar. Lo firman todas las exclarisas, incluida Teresa Roca (sor Paz), la única que desde entonces ha abandonado el convento. Poco después, la archidiócesis interpuso la demanda. ¿Saldrán airosos y recuperarán el control del convento, o serán las monjas quienes logren permanecer en él?
Los famosos dulces, un negocio roto
De no llegar a un acuerdo, otra opción latente es que el monasterio acabe en manos del Estado y sea embargado para, luego, ofrecerlo en subasta pública. Sobre todo porque muchas de las facturas siguen estando a nombre del obispado, que ha dejado de pagar a proveedores al desvincularse las monjas de la Iglesia. Antes de la rebelión interna y la sonada ruptura con el Vaticano, este convento era especialmente conocido por sus dulces y el obradorio en el que las religiosas hacían repostería artesada y tradicional: trufas, bombones, cajas con combinaciones variadas... "El monasterio, además de un lugar para la contemplación, era un negocio con el que ellas mismas pagaban el mantenimiento de la abadía y suplían otras deudas pendientes", asegura su representante. "Sin inversión ni proveedores, el asunto está roto".
Sea como sea, una de las cosas que inquietan entre las monjas es la imagen pública "distorsionada" que, a su juicio, se está teniendo del caso. "La gente cree que han usurpado el convento y viven ahí sin que puedan permanecer en él", resalta su abogado, que defiende que su legítimo dueño "no es ni la archidiócesis, ni la orden, ni ninguna otra entidad más que la comunidad de Santa Clara de Belorado". Es decir, las 14 monjas que quedan: "Es nuestro". Pero incluso en ese caso, hay otra variable en juego: no todas las religiosas van a una. De todas ellas, solo nueve han sido excomulgadas y alejadas de la Iglesia, mientras que del resto poco se sabe más allá de que están "indispuestas" o son muy mayores y "dependientes", según el arzobispado. No obstante, cada una de ellas firma el burofax que el 20 de junio se envió al arzobispo a razón de la ruptura.
"La gente cree que han usurpado el convento", denuncia la defensa de las exclarisas
Aunque sus abogados aún esperan recibir la demanda anunciada por el arzobispo para conocer sus argumentos y preparar su defensa, se agarrarán al artículo 16 de la Constitución Española como arma principal. Este punto es el que establece la libertad religiosa y niega el "carácter estatal" de cualquier confesión, lo que para los letrados también implica que la Iglesia les está penalizando legalmente por una elección relacionada con su fe. Esta prevén que sea una de las líneas de su defensa, y sostienen que continuará la pugna por constituirse como asociación civil.
Esta fue una de las solicitudes que las exclarisas plantearon al Ministerio de Interior, que lleva el registro de entidades pero acabó denegando su petición. Las exmonjas cuentan que han interpuesto varios recursos de alzada para dar la vuelta a la situación. Y que si esto no surte efecto, escalarán a otra figura legal, el contencioso-administrativo, como última esperanza. Pero el camino será largo: este tipo de impugnaciones suelen tardar varios meses en resolverse. "Pase lo que pase, tenemos la certeza de que vamos con la verdad por delante", sentencian desde Belorado.
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