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El Tribunal Constitucional ha anulado el decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la transición energética, aprobado en marzo de 2023 por el Parlamento aragonés, que pretendía impulsar un modelo energético propio mediante el consumo de cercanía para abaratar la factura a la ciudadanía.
La sentencia del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa Tribiño, ha sido aprobada por unanimidad y dada a conocer este jueves por el Tribunal Constitucional.
El presidente del Gobierno impuso el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley, que fue aprobado en marzo de 2023 con los únicos votos a favor del cuatripartito que gobernaba entonces Aragón (formado por PSOE, CHA, Podemos y PAR), la abstención de PP, Ciudadanos e IU y el rechazo de Vox.
En la sentencia, el Constitucional analiza las razones invocadas por el Gobierno de Aragón para justificar la aprobación de la norma recurrida y estima que las referencias que recoge sobre la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania "se hacen de forma abstracta y genérica", lo que no permite cumplir las exigencias de una definición "explícita y razonada" conforme a las exigencias de la doctrina constitucional.
Los magistrados aprecian que no existe ninguna explicación de por qué la norma impugnada debía de ser aprobada con urgencia
Los magistrados, por el contrario, aprecian que no existe ninguna explicación de por qué la norma impugnada debía de ser aprobada con una urgencia extraordinaria, "sustrayéndola del procedimiento legislativo en detrimento de las minorías parlamentarias".
Y más, agregan, cuando se trata de una reforma "de gran envergadura con repercusión directa en todo el sistema eléctrico y en los costes energéticos y cuya finalidad es cambiar el modelo de energía en la Comunidad Autónoma de Aragón".
En el debate de su aprobación, el entonces vicepresidente de gobierno y titular de Industria, Arturo Aliaga, defendió que su objetivo era lograr una transición justa, democratizar el acceso a la energía a la ciudadanía y dar facilidades a las comunidades energéticas para favorecer el abaratamiento de la factura de la energía.
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