Desde la entrada en vigor de la ley mordaza en marzo de 2015, las sanciones impuestas a raíz de su aplicación ascienden a 1.292 millones de euros. La cifra equivale, por ejemplo, a la partida destinada a investigación científica en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado. El 65% de la recaudación (839 millones de euros) corresponde a delitos relacionados con el consumo o la posesión de drogas. Le siguen las multas relativas a las infracciones de seguridad ciudadana (328 millones de euros, el 25,4% del total); y las relacionadas con tenencia de armas y explosivos (124 millones, el 9,6%), según el Ministerio del Interior. Esas cantidades, que no incluyen las infracciones cometidas en Cataluña, País Vasco y Navarra, plantea el debate sobre el carácter punitivo de una ley cuya derogación o modificación volverá a estar sobre la mesa en los próximos meses, después de varios intentos frustrados por la falta de consenso entre los socios de Gobierno.
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