Vox busca abrir brecha entre Feijóo y sus barones: "No es broma, nos iremos"

Vox busca abrir brecha entre Feijóo  y sus barones:

“No es broma”. Vox asegura que su amenaza va en serio y que romperá de manera automática los acuerdos en los gobiernos autonómicos del PP que acepten recibir inmigrantes irregulares de Canarias. A pocas horas de que el Gobierno central se cite mañana con las comunidades para abordar el realojo de los 5.500 menores que se amontonan en el archipiélago, el partido de Abascal busca abrir una brecha entre Génova y sus barones. “Apelamos a los presidentes autonómicos para que resistan a la presión del PP y del PSOE (…) Tendrán que gobernar en minoría o gobernar con el PSOE”, ha insistido este martes su portavoz en el Congreso, Pepa Millán.

Los de Abascal han puesto en el fenómeno migratorio la línea roja, al nivel de sus colegas europeos en Francia, Italia o Hungría. Y están dispuestos a llevar hasta el final su amenaza de romper sus compromisos de gobierno con el PP suscritos tras las elecciones de mayo, con todas las consecuencias. "Romper es romper". Vox, que sufre a la vez la presión electoral de fenómenos como Alvise Pérez o Aliança Catalana, insiste en que no “estafarán” a sus votantes.

"El PP tendrá que gobernar con el PSOE, con el que se llevan tan bien, por otro lado", ha aseverado su portavoz parlamentaria. De esta manera, Vox asume que su socio haya acordado el “reparto de los jueces” con Pedro Sánchez, entre otros nombramientos institucionales que están al caer, pero no tolerará que haya un pacto de Estado por la crisis migratoria entre los dos principales partidos. Y descarga toda la presión sobre los barones del PP para que no acojan inmigrantes bajo ninguna circunstancia.

Los populares ignoran el órdago de Vox y aseguran que están dispuestos a seguir acogiendo a los menores inmigrantes en sus comunidades, pero con el método actual y no mediante una reforma de la Ley de Extranjería para forzar el reparto. Eso sí, como ha especificado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, la "solidaridad" de sus territorios tiene un límite, y exige al Gobierno que tenga en cuenta la saturación de las distintas regiones y se habiliten "más medios" materiales y económicos.Mientras tanto, los populares llevan días sacudiéndose la presión y aseguran que actuarán según sus principios, no los de Vox.

Ana Belén Ramos

“Lo que diga el señor Feijóo es irrelevante, porque dice una cosa y la contraria. Lo importante son los presidentes regionales. Si resisten a la presión de Sánchez tendrán nuestro apoyo. Si deciden estafar a los electores y se hacen colaboradores de esa estafa que permitirá sembrar la inseguridad daremos por roto esos gobiernos”, insisten los de Abascal.

En este clima de alta tensión política, el Gobierno y las CCAA se reúnen mañana en Tenerife para abordar —aunque sea de entrada, a la espera de qué respuesta se da también a los adultos— el reparto ordenado de los 5.500 menores extranjeros no acompañados que desbordan los servicios de asistencia de las islas Canarias, y cuya capacidad es de 2.000 plazas. Se busca un pacto de Estado para que las comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad de la tutela judicial de los niños, colaboren, aunque en este momento el acuerdo es "imposible", admiten las partes. Feijóo y la mayoría de los barones del PP aseguran una respuesta "solidaria" pero exigen al Gobierno de Sánchez que ataje la crisis migratoria desde su origen y que procure los recursos financieros y materiales suficientes para hacerse cargo de la situación.

Pero Vox avisa de que será inflexible y marca el discurso más duro frente a este fenómeno mundial, exigiendo la deportación inmediata de todas las personas en situación ilegal: "Esto no es cuestión de solidaridad. España tiene unas fronteras y unas leyes que se tienen que hacer respetar". También Alvise exige su expulsión.

Junts mantiene igualmente un discurso combativo y ha exigido a Sánchez que saque a Cataluña del reparto de los menores hacinados en Canarias, si bien el Gobierno ha rechazado de plano esa idea y ha asegurado que también deberá asumir su parte. El partido de Carles Puigdemont negocia en este momento el traspaso a la Generalitat de la gestión migratoria, aunque el alcance de esa competencia no está claro, ya que asuntos como el control de las fronteras y la devolución de personas migrantes en situación irregular son competencia propia del Estado.



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