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El Ministerio de Transición Ecológica incluirá a los agricultores del entorno de Doñana que captan agua de forma irregular entre los susceptibles de recibir las ayudas derivadas del acuerdo firmado entre el Gobierno y la Junta sobre el espacio natural. La condición para que estos regantes puedan beneficiarse de estas subvenciones es que legalicen su situación para poder optar a una cantidad que alcanza los 100.000 euros por hectárea en una década. La decisión tomará forma en fechas próximas, cuando termine el periodo de consultas que ha puesto en marcha el departamento que dirige Teresa Ribera con los agricultores y ecologistas en Sevilla, donde ya ha echado a andar la oficina técnica de Doñana, incluida en el pacto firmado entre la vicepresidenta y Juanma Moreno a finales de 2023.
En total, el pacto contempla 135 millones de euros para la reconversión de actividades agrarias en el entorno de Doñana, pero la buena acogida de los agricultores en estas primeras reuniones hace pensar en Transición Ecológica que esta cantidad podría aumentar. La línea inicial, dotada con 20 millones, será la primera en concederse y la mayoría serán para la "renaturalización" de parcelas dedicadas hoy a la actividad agraria, con 9,5 millones. "Esto no es ajardinar una zona, sino recuperar un ecosistema para que perviva", explican desde el ministerio. La idea es convertir las parcelas agrarias en terreno forestal con especies autóctonas para gestionar un "crecimiento sano" y favorecer la actividad económica, pero en el ámbito forestal.
En el departamento de Teresa Ribera hablan de "reinserción ambiental" para justificar esta apuesta por incluir a los regantes ilegales dentro de las ayudas. Y hay que tener en cuenta que las ayudas serán anuales, por lo que habrá una fiscalización de que los propietarios cumplen con los requisitos. La intención del Gobierno es que 135 hectáreas que ahora se dedican a los cultivos se conviertan próximamente en estos espacios forestales para reducir la demanda hídrica y favorecer la restauración del humedal andaluz. Estas ayudas pueden solicitarlas tanto agricultores de forma individual, como agrupados en comunidades de regantes y hacerlo a través de los ayuntamientos.
Para favorecer la incorporación de los productores que hasta ahora incumplen la norma, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se ha comprometido a tratar con "agilidad" el cierre de estos pozos. El objetivo de Transición Ecológica es dar tiempo a estos regantes para poder sumarse dada la complejidad que hay en el entorno de Doñana. Hay que tener en cuenta que hay regantes que tienen tomas legales y también tomas ilegales y hasta que no regularicen toda su explotación no podrán acceder a la línea de ayudas. Además del dinero que pone el Gobierno central, el acuerdo firmado entre Ribera y Moreno contempla un complemento autonómico del 20% de la ayuda y la Diputación de Huelva asume el 10%, aunque en la Junta no han desvelado a esta redacción cuánto dinero aportará el Ejecutivo autonómico.
Estas son las ayudas más cuantiosas de las que el pacto de Doñana dedica directamente a los agricultores, pero en las conversaciones también se han abordado las otras dos líneas. Habrá 8 millones para la conversión de 640 hectáreas de cultivos de regadío en secano o mantenimiento de los que ya tienen esta condición, que exige menos recursos hídricos; y 2,5 millones más para la conversión de 500 hectáreas en agricultura ecológica. Los primeros podrán recibir hasta 12.500 euros por hectárea en un periodo de 5 años, mientras que los segundos optan a 5.000 euros por hectárea también durante un lustro.
"Las reuniones han tenido más éxito de lo esperado", expresan desde el Ministerio de Transición Ecológica, que ha mantenido un contacto "continuo" con los agricultores en las últimas semanas. "Es una salida para muchos de ellos", apuntan, ya que hay productores que con el dinero recibido podrán poner en marcha explotaciones en zonas donde la situación hídrica sea más favorable. El número de hectáreas con riego irregular que calculan en el departamento de Teresa Ribera está en unas 800, que deberán ir desapareciendo paulatinamente. "El desarrollo económico debe ser compatible con la realidad medioambiental", zanjan en conversación con El Confidencial días antes de que WWF vuelva a alertar sobre la situación de explotación que sufre el acuífero que nutre el humedal más importante de España.
La labor de pilotar esta experiencia está ya en manos la oficina técnica de Doñana, un remedo de la entidad que el Ministerio de Transición Ecológica puso en marcha en Murcia para la restauración del Mar Menor. Ambos organismos dependen ahora de la comisionada del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza, que dirigió la oficina murciana durante sus dos primeros años. En Sevilla el encargado de liderar el proyecto será Emilio Rodríguez, que lleva desde los años 90 en la zona, mantiene buenas relaciones con las organizaciones agrarias, los ayuntamientos del entorno de Doñana y con la administración, ya que trabajó en la CHG. Este modelo se quiere exportar también a otros espacios como las Tablas de Daimiel, en Castilla-La Mancha, la Albufera de Valencia e incluso el Delta del Ebro.
La oficina cuenta con 17 funcionarios y tendrá su sede en una de las casas que el Estado posee en el Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla y que ahora está ultimando su rehabilitación. Los trabajadores públicos que ya están en la capital andaluza trabajan mientras tanto en una sede temporal, pero cuando esté al completo contará con un arquitecto, cartógrafos, ambientólogos, hidrólogos, ingenieros de caminos, expertos en gestión pública, biólogos e ingenieros químicos. Esta entidad no sólo se encargará de las ayudas para la reconversión agrícola de la zona, sino también de las inversiones anunciadas por Ribera antes de llegar al acuerdo con Juanma Moreno para desactivar un conflicto que llegó a Bruselas.
El presidente andaluz y la ministra de Transición Ecológica mantienen desde entonces una gran sintonía a pesar de que el acuerdo estuvo a punto de descarrilar por un artículo de un decreto de la Junta que abría la puerta a ampliar las hectáreas regables en el entorno de Doñana. Ese era el objetivo de la ley que desató la bronca en 2021 y que tardó más de dos años en solucionarse. Entretanto, el Gobierno central y el andaluz han multiplicado las actuaciones en la zona, con iniciativas tan relevantes como la compra de la finca Veta la Palma por parte de la Junta o la reconexión del río Guadiamar con Doñana, a cargo de la Administración central. También destaca aquí la intención de Transición Ecológica para seguir adquiriendo fincas privadas que toman agua del acuífero, el alejamiento de las tomas de agua para Matalascañas de la zona protegida y la culminación del trasvase del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir.
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