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La Fiscalía Anticorrupción considera que existe "una base suficiente" para mantener imputado al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, y remarca "la necesidad de que sea interrogado en aquella condición" en el caso de los Supercopa Files. El fiscal responde así al último recurso del sucesor de Luis Rubiales, que criticó que no se estaban respetando sus "derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la defensa".
La imputación de Rocha se remonta al 12 de abril, cuando acudió a declarar al Juzgado de Primera Instancia número 4 de Majadahonda como testigo y terminó saliendo como investigado por sus constantes evasivas. La titular de este juzgado, Delia Rodrigo, también investiga a Rubiales, al exfutbolista Gerard Piqué y a otros altos cargos de la RFEF por los escándalos destapados por El Confidencial. Entre ellos, el contrato de la RFEF con Arabia Saudí para trasladar la Supercopa a este país.
Rocha sostenía en su recurso que, como vicepresidente económico de la institución, no tenía obligación de conocer este acuerdo. "Queda descartada cualquier posibilidad de coautoría entre el señor Rubiales y el señor Rocha en orden a la ejecución de un plan criminal", afirmaba. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, Anticorrupción se opone a este razonamiento y avisa de que "no se comparte con este la valoración de la responsabilidad".
A falta de que la jueza resuelva su recurso, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) también anunció este martes la inhabilitación de Rocha durante dos años por excederse en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora.
El TAD inhabilita dos años a Pedro Rocha, por excederse en sus funciones en la Gestora
R. La Casa
El recurso del fiscal apunta a que "será cuestión merecedora de esclarecimiento" su posible participación en las "adendas y prolongación del contrato de la RFEF con Sela (Arabia Saudí) de diciembre de 2020". Según recuerda, Rocha sostuvo durante su declaración como testigo que "se estaba enterando" en ese mismo momento de esta prórroga, lo que no encaja "con lo recogido en el acta de la Asamblea General de 30 de mayo de 2022, en la que el recurrente estuvo presente y en la que se recogen intervenciones referidas a esta materia".
Anticorrupción incide así en una cuestión que ya consideró injustificable durante la declaración de Rocha como testigo: su supuesto desconocimiento sobre los contratos para mantener la Supercopa en Arabia Saudí. De hecho, Rocha también intentó quitar peso a su propio ascenso a vicepresidente económico de la mano de Rubiales: "Yo no estaba en ningún proceso. Tengo buena imagen. Quizá, dentro de la comisión económica, yo era el perfil que se buscaba para la RFEF", llegó a asegurar ante la jueza.
En un posterior intento matizar ese supuesto desconocimiento, el propio Rocha pasó a admitir en su recurso que había conocido "la existencia de esas adendas —no del contrato original— como consecuencia de su asistencia" a la asamblea general de 2022, pero insistió en que "el entonces presidente Rubiales informó sobre el particular, sin someter a votación nada relativo a eso, y sin unir documentación para poder ser debatida en el curso de su desarrollo". También apuntó a que "asistieron 89 personas", tratando así de desmarcarse una vez más del traslado de la Supercopa.
Para el fiscal, estos argumentos siguen resultando insuficientes y debe investigarse su posible participación en los contratos, "máxime cuando ostentaba dicha presidencia" en la comisión económica y "él mismo declaró que se reunían cada 15 días". Según advierte Anticorrupción, "tampoco puede compartirse la aseveración del recurrente respecto a que la contratación en cuestión no tenía legalmente que ser aprobada por la comisión económica al no tratarse de un gasto, pues lo cierto es que también debían estar previamente informados por dicha comisión por él presidida aquellos acuerdos que implicaran 'una contraprestación económica a favor de la RFEF'".
Como desveló El Confidencial, Rubiales intermedió con las autoridades de Riad para que abonaran a Piqué hasta 24 millones de euros por este acuerdo y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato. De forma paralela, la jueza investiga si Arabia Saudí realizó un "pago en especie" a favor de Rubiales y otros directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para lo que apunta a la posible "cesión de terrenos (...) para la posterior gestión de negocios hoteleros".
En el caso concreto de Rocha, la jueza terminó por dictar el auto para su imputación formal el 30 de mayo. Según advirtió en el mismo, él era el vicepresidente del área económica y por razón de su cargo le habría correspondido, si no la intervención directa en la contratación, sí por medio de la intervención de la comisión económica que presidía. Rocha pedía por su parte que se anulara la imputación o, al menos, que se dictara un nuevo auto que indique de forma clara qué normativa incumplido, pero Anticorrupción deja ahora clara su oposición al respecto.
"En suma, existe una base suficiente para entender que el recurrente debe ser considerado investigado en el actual estado del procedimiento", concluye su escrito. "No se está ahora afirmando su culpabilidad, sino la necesidad de que sea interrogado en aquella condición, de la cual derivará, en conjunción con el análisis de otras evidencias, la posición que le corresponderá en el presente proceso penal".
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