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La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Bomvoyage', ha detenido a 13 personas e investigado a otras 6, pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular a través de procedimientos de contratación en origen (contingentes Gecco), así como de explotación laboral, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.
Así lo han anunciado este miércoles la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón,y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Jesús Manuel Rodrigo, durante una rueda de prensa celebrada en Albacete, tal como ha trasmitido la Delegación del Gobierno por nota de prensa.
"Se ha desarticulado una banda criminal que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad, desconocimiento del idioma y de las ilusiones de personas que vinieron a España engañadas en busca de una vida mejor", ha señalado la delegada del Gobierno, quien ha añadido que no sólo esquilmaron a las víctimas los pocos recursos de que disponían, "una vez aquí eran tratados sin ningún tipo de humanidad y obligados a trabajar y a alojarse en condiciones deplorables".
La operación se inició, cuando la Guardia Civil detectó posibles irregularidades en la gestión de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo a través de gestión colectiva de contrataciones en origen (Gecco) de una empresa agrícola ubicada en de Hellín (Albacete).
Continuando con las investigaciones, se pudo averiguar que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estaba amañado y que los seleccionados habrían pagado entre 4.000 y 6.000 euros.
Asimismo, los agentes pudieron constatar, que una vez que llegaban las personas, si no querían cumplir el contrato o no querían regresar a su país, la organización les ofertaba vivienda y trabajos agrícolas precarios e incluso la regularización administrativa. Para ello, la organización les cobraba entre 4.000 y 12.000 euros.
Asimismo, para aquellos que sí querían trabajar, les explotaba laboralmente ya que la organización, aprovechaba la situación de vulnerabilidad de los migrantes para obligarles a extenuantes jornadas de trabajo y aplicarles múltiples deducciones ilícitas de su nómina quedando el salario en apenas 200€ mensuales. Igualmente, les obligaban a firmar documentos desconociendo completamente su contenido e incluso a contratar servicios bancarios o de telefonía para así ellos obtener comisiones.
Por otra parte, la organización también hacía negocio con los alojamientos de estos contingentes, alquilando instalaciones hoteleras o grandes fincas con alta capacidad de alojamiento, aisladas y en desuso, alterando los contratos para inflar los precios y así obtener mayores subvenciones públicas.
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