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Más de cinco años después, PSOE y PP han conseguido superar la desconfianza mutua y firmar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ha rubricado esta tarde en Bruselas entre los dos negociadores, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y con la presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. La UE ha ejercido de notario en la fase final de un pacto que va mucho más allá del tradicional reparto de nombres.
Diez miembros propuestos por cada partido pero con un mandato distinto de funcionamiento interno: la obligación de que los nombramientos de más calado se adopten por una mayoría reforzada de tres quintos. Un cambio que busca superar la división entre progresistas y conservadores y forzar consensos. La designación del nuevo CGPJ se realizará de manera "inmediata" a lo largo del mes de julio en las Cortes Generales. Y, de manera simultánea, se aprobará una proposición de ley orgánica para "reforzar la independencia del Poder Judicial".
Esta reforma de la ley matriz de la justicia en España modificará la fórmula de elección del presidente del CGPJ, que lo es también del Tribunal Supremo. Por primera vez el nombre no viene impuesto de antemano por las dos formaciones y deberá escogerse por un mínimo de 12 votos. Las novedades afectan también al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para impedir "la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado", como sucedió con Dolores Delgado.
La iniciativa que impulsarán conjuntamente PSOE y PP, y sobre la que no aceptarán enmiendas del resto de grupos, encargará a los nuevos integrantes del CGPJ la redacción de un proyecto de ley para reformar la elección de los vocales designados entre jueces y magistrados, en línea con las "exigencias de la Comisión Europea" y "sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho", para el que dispondrán de seis meses de plazo. "Será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación".
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Bolaños y González Pons junto a Jourová en Bruselas. (EFE) La vicepresidenta de la Comisión se ha encargado de la mediación, una vez el belga Didier Reynders, comisario de Justicia, abandonó su cartera temporalmente para centrarse en su carrera por la secretaría general del Consejo de Europa. Este es un "gran paso para mejorar la situación de la justicia en España", apuntó en una rueda de prensa posterior a la firma, en la que compareció primero con González Pons y después con Bolaños. El entendimiento de estos días no alcanzó para rendir cuentas de forma conjunta. "Un acuerdo que pone fin a una anomalía constitucional", celebró el ministro, que también defendió que es "un gran día para la democracia y la justicia porque se recupera la normalidad en uno de los poderes del Estado".
El papel de la Comisión Europea era fundamentalmente reducir el coste político que los dos partidos podrían afrontar. Al Gobierno las críticas le llegan de sus socios parlamentarios. A Génova, de un sector del partido y buena parte de su órbita, que le conminan a no rubricar nada con Pedro Sánchez. Reynders aceptó la mediación con la idea de que el pacto era inminente, pero se ha ido retrasando durante seis meses. “El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea, sin esta garantía no habríamos firmado”, aseguró el vicesecretario del PP.
Jourová subrayó que el acuerdo es "clave" para resolver las peticiones que el Ejecutivo comunitario ha hecho durante años a través del informe anual de Estado de Derecho, en los que de manera permanente Bruselas ha solicitado una renovación de los miembros del CGPJ e, inmediatamente después, lanzar un proceso de reforma.
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Básicamente, el acuerdo es muy similar al que el Gobierno y el PP llegaron hace año y medio, cuando las negociaciones fracasaron en el último momento. Además de los nombres para el nuevo mandato del órgano de los jueces ya se acordó que sería el propio CGPJ quien propondría un nuevo sistema. También hay consenso para que los populares escojan su vacante en el Tribunal Constitucional, pendiente desde la renuncia de Alfredo Montoya. El nombre elegido es el de José María Macías, actual vocal del CGPJ.
El ultimátum que Sánchez verbalizó el pasado 12 de junio reactivó una negociación paralizada por el intenso ciclo electoral de 2024, con tres elecciones autonómicas y unos comicios europeos. Feijóo rechazó en primera instancia la "amenaza" de Sánchez y su intención de reformar de forma unilateral la ley del Poder Judicial para prohibir al CGPJ realizar nombramientos en la cúpula judicial si el PP no suscribía un acuerdo antes de que finalizase el mes de junio. Pero algo se movió en el cuartel general de los populares para intentar resolver de una vez la anomalía institucional.
Esteban González Pons se negó al principio a mantener reuniones bilaterales con Félix Bolaños y pidió a Jourová, una reunión "urgente" para intentar desatascar el acuerdo. La Comisión Europea, sin embargo, se puso de perfil ante la petición del PP y exigió a los dos grandes partidos una propuesta común antes de retomar la negociación conjunta. Y ahí comenzaron los contactos bajo el radar entre las formaciones.
Las conversaciones no partían de cero. El pacto ya estaba prácticamente cerrado en octubre de 2022, a falta de pulir los últimos detalles sobre el tira y afloja del cambio del sistema de elección. Pero los recelos mutuos, la polarizada agenda política —con la amnistía como clave de bóveda de la legislatura— y la continua apertura de urnas habían aplazado sine die el pacto, hasta ahora. El momento es idóneo. Sin horizonte electoral a la vista y en pleno arranque del período estival, un marco especialmente proclive para Feijóo, que debía enfrentar su predisposición a llegar a un consenso con las fuertes reticencias internas a pactar con Sánchez.
El principal obstáculo que ha llevado al choque a PSOE y PP es la exigencia de Feijóo a pactar en paralelo una reforma del sistema de elección para que sean los jueces los que elijan al menos a la mitad de los vocales del Consejo en futuras renovaciones, y avanzar así en la "despolitización" del órgano, una propuesta que nunca ha sido del agrado de los socialistas que, sin embargo, si apostaban por retirar definitivamente al CGPJ la potestad de hacer nombramientos, si fracasaban las conversaciones con el PP, como fórmula para reducir la influencia política. Ambas partes han suavizado sus condiciones de máximos para alumbrar una fórmula intermedia que puedan vender en sus respectivas parroquias.
La presión de la judicatura ha jugado esta vez un papel primordial. Este lunes, el Supremo se descolgó con una exigencia pública de desbloqueo dirigida a los dos grandes partidos, pero sobre todo al PP, por la insostenible situación del órgano, con decenas de nombramientos pendientes por la falta de entendimiento entre PSOE y PP para el CGPJ. La presión de los jueces ha jugado un papel clave especialmente en Génova, donde llegaban advertencias sobre el peligro que suponía dejar a Sánchez que cumpliese su ultimátum y maniobrase de forma unilateral en el Poder Judicial. Todo ello junto al evidente deterioro de la Justicia, con nombramientos clave sin poder cubrir porque el Gobierno ya retiró al CGPJ la prerrogativa de hacerlo si su mandato había finalizado.
El Gobierno que, un lustro después, no confiaba ya en que Génova se aviniera a pactar el CGPJ, ve satisfecha su pretensión de contar con una mayoría progresista en el órgano de los jueces. El pacto judicial abre la puerta a que PSOE y PP sean también capaces de consensuar la cúpula del Banco de España y cubrir las vacantes en el consejo de RTVE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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