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Ha vuelto a pasar, esta vez en Asturias. Cinco niñas de entre 13 y 17 años, bajo tutela de la Administración pública, prostituidas a cambio de dinero o regalos. Doce hombres detenidos por agresión sexual con penetración, prostitución, grupo criminal y corrupción de menores. Dos de ellos, además de abusar de las adolescentes, ejercían como proxenetas, según informó el pasado martes la Policía Nacional. No es un hecho aislado, es una lacra que se extiende por todas las autonomías, que se ceba con vulnerables y aunque en los últimos años han proliferado los protocolos y la concienciación cada vez es mayor, la respuesta todavía tiene que mejorar, defienden los expertos.
El indicador más evidente es que resulta imposible cuantificar cuántos casos hay en España y sin una radiografía exacta de lo que está pasando, la solución se resiente. "Los casos de agresiones a la libertad e indemnidad sexual de los menores tutelados por la Administración, o en régimen de protección, no parecen haber sido objeto hasta ahora de un tratamiento transparente, ordenado y sistemático", advirtió el Defensor del Pueblo en su última informe, publicado a finales de marzo.
El organismo tiene pendiente elaborar un dictamen específico sobre esta realidad, pero la información que hasta ahora han facilitado las comunidades "es irregular y expresiva de que esta problemática, hasta hace bien poco, no estaba adecuadamente atendida".
"No es difícil de cuantificar, pero no hay interés", resume Noemí Pereda, profesora titular de Victimología en la Universidad de Barcelona y la especialista que coordinó la comisión de expertos sobre abusos y explotación sexual de menores que creó el Consell de Mallorca tras destaparse el escándalo de las adolescentes prostituidas en Baleares. La Administración, según la experta, no está dispuesta a tener un informe con datos que son "muy incómodos, las comunidades no quieren saber nada, pero es un tema importantísimo, muy difícil de gestionar y si no se cuantifica, no sabemos como manejarlo. Necesitamos saber que está ocurriendo para saber cómo gestionarlo".
Para hacerse una idea aproximada de la magnitud sirve con echar un vistazo a los datos de Cantabria. Pereda coordinó un estudio exhaustivo en la comunidad y las cifras, publicadas en 2023, son terribles. El 13,2% de los menores que participaron en el estudio (respondieron al cuestionario el 81,7% de los adolescentes entre los 14 y los 17 años tutelados en la comunidad) aseguraron haberse desnudado, o haberse dejado fotografiar o grabar en vídeo a cambio de dinero o recompensas como alcohol, drogas o regalos en el último año. El 8,3% aseguró haber dejado que tocasen sus partes íntimas o haber tocado las de otra persona y el 10,7% mantuvo relaciones sexuales completas. En este último supuesto, el 3,3% aseguró que era algo que hacía cada semana.
"Es un problema muy grave y Cantabria es una comunidad muy protegida, con una gran supervisión y sus cifras son alarmantes. No quiero pensar lo que puede estar sucediendo en Cataluña o Madrid, con macrocentros", señala Pereda. Los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de que un adolescente tutelado sea víctima de una agresión sexual o termine prostituido son múltiples y en ellos, según Pereda, hay que poner el foco.
Uso y abuso de las menores de Baleares
Javier Caraballo
Por ejemplo, resulta crucial saber si un niño o niña ha sido víctima previamente de abusos sexuales. En estos casos "hay que intervenir de forma inmediata porque son chicos que han aprendido a relacionarse a través del sexo y muy fácilmente pueden acabar involucrados en redes de explotación sexual". Otro factor determinante es la dependencia o el abuso de alcohol y drogas, o si el menor sufre algún tipo de discapacidad intelectual, las fugas del centro o la necesidad de los chavales de crear vínculos y sentirse parte de algo. Pero también influye la familia, el centro en el que es acogido o el ejemplo que puedan ver en otros compañeros, además de otra serie de elementos del entorno del menor, lo que da idea de la altísima complejidad del problema.
Vivir bajo la tutela de la Administración
"Normalizas que tienes que pasar por algo que no te gusta, para tener algo que te gusta y eso te acaba enganchando, arrastrando", explica Irati Vidan, presidenta de la Asociación Haziak, en Navarra. Ella fue una menor tutelada y ahora acompaña a adolescentes y jóvenes que pasaron por su misma situación. No sufrió abusos, pero trabaja con otras chicas que sí y muchas acaban atrapadas por la alta vulnerabilidad y las deficiencias del sistema. Pone un ejemplo personal. "A veces los fines de semana me iba a casa con mi madre, pero me echaba a la calle y alguien en ese momento te tiene que recoger…". La cuestión es quién y en qué circunstancias.
"Ves todo lo que tienen los demás niños, sus comodidades, cosas que tú no tienes y alguien de repente te las ofrece. Tienes un precio, pero es que previamente en el sistema has aprendido a pagar por muchas cosas y lo acabas normalizando", ilustra Vidan. Este precisamente es uno de los factores de riesgo sobre los que alerta Pereda, el conseguir algo, un regalo, dinero, ropa o drogas, pero también, y mucho más importante, son las recompensas emocionales. "Para estas y estos jóvenes, vulnerables, sin cuidados, sin atención y sin afecto, las relaciones de explotación sexual pueden ser interpretadas como una forma de ayuda y reconocimiento de alguien. Sus necesidades emocionales son satisfechas, en cierto modo, por aquellos que se aprovechan de ellas", advierte la Guía de actuación ante este tipo de casos que Pereda y otras especialistas elaboraron para el Ministerio de Igualdad la pasada legislatura.
Vidan apunta a que hace falta una mayor formación para que los profesionales que tratan con estos chavales sepan abordar intentos de suicidio o casos de niños maltratados en casa. "Hace falta un análisis previo de quién va a ser nuestro educador, el currículum puede ser brillante, pero la calidad humana no se analiza. También de alguna forma hay que acompañar a los educadores. Viven situaciones heavies que pueden crear en ellos conflictos emocionales y desde luego hay que tener en cuenta que si hay niños de 17 años, quizás un educador de 20 no es la mejor idea. Hacen falta figuras adultas con un mayor recorrido en el acompañamiento a los adolescentes", plantea.
Cómo debería ser el sistema
Para Pereda hay que cambiar el enfoque sobre el que se sigue sustentando en muchos casos el sistema de acogimiento. La premisa principal es que "ningún niño tiene que crecer en un centro, no es un lugar para niños, lo mejor es que crezcan en familias y por eso las comunidades deberían potenciar las familias de acogida". Este debe ser el ideal por el que tendrían que apostar las autonomías y ensalza el ejemplo de un proyecto que está desarrollando Aldeas Infantiles en Madrid, con familias en las que uno de los padres tiene una profesión vinculada con el ámbito de la protección. Son psicólogos o terapeutas que dejan su trabajo habitual y pasan a ser contratados por la entidad social al tiempo que se hacen responsables de algún niño.
Los entornos pequeños permiten una supervisión de los adolescentes. En la misma idea insiste Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. La ONG, junto a la consultoría Espirales, desarrolla un proyecto para la creación de entornos protectores para estos niños. Es una iniciativa que aborda diversas cuestiones, como la distancia de los centros a los colegios o institutos, la creación de módulos más pequeños que permitan "una convivencia como una familia" o que tengan la posibilidad de decorar sus propios espacios, además de fomentar su participación. Pero también pone el foco en que los adultos responsables de estos chavales sean "conscientes de su papel protector". "Cuando trabajas en estos ámbitos la afectividad tiene que ser parte de tus competencias, los educadores también son responsables de la protección de los menores", remarca Olaguibel, partidaria de que la ley de trata aborde los casos que sufren las menores tuteladas.
Pereda, al igual que Vidan y Olaguibel, hace hincapié en la preparación de los profesionales y pone el ejemplo de la Fundación Diagrama, que obliga a sus trabajadores a contar con una formación específica en explotación sexual, pero también destaca que es fundamental brindar a estos adolescentes un "plan realista de futuro". ¿Qué pasa con ellos a partir de los 18 años? "No podemos luchar contra las redes de explotación si no les compensamos con seguridad y trabajo", remarca. "La solución no pude ser volver con su familia, porque si les hemos sacado de allí es porque no son buenas para ellos. Las redes de explotación conocen las debilidades del sistema y les ofrecen una serie de garantías que nosotros no les damos", denuncia Pereda.
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