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En febrero de 2022, con el runrún electoral en Andalucía a punto de tomar forma, Vox mandó un autobús a la sede regional de UGT con las caras de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y un lema: "Devolved lo robado". Es cierto que se llevaron una reprimenda de los sindicalistas que acabó chafando la iniciativa a ritmo de La Internacional, pero se trata de un buen ejemplo de la virulencia con la que el partido de Santiago Abascal trata a los sindicalistas. La eliminación de las subvenciones a estas organizaciones fue una de las principales exigencias del partido ultra cuando empezó a negociar con los distintos barones populares para prestarles su apoyo. Pero no todos pasaron por el aro, sino todo lo contrario.
Algunos han apostado por reforzar sus relaciones con los sindicatos en busca de la paz social, como ha hecho recientemente el valenciano Carlos Mazón, que ha seguido los pasos de Juanma Moreno. En el otro extremo están Alfonso Fernández-Mañueco o Marga Prohens, que sí han cortado lazos con estas organizaciones. Lo llamativo es que cada barón tiene una relación distinta con los de Abascal. Moreno sí dependía de Vox en la anterior legislatura, pero nunca les dio entrada en el Gobierno. Mazón sí apostó por la coalición desde primera hora. Y ambos han optado por la vía conciliadora con CCOO, UGT y este tipo de entidades. Prohens, que tiene apoyo externo de Vox, ha actuado como el castellanoleonés, que no pudo evitar que su consejero de Empleo, del partido de Abascal, hiciera efectivo un recorte de 20 millones de euros en ayudas para sindicaros y patronal.
La búsqueda de la paz sindical, o la amortiguación de conflictos, ha sido una constante en el popular Carlos Mazón desde que llegó a la presidencia de la Generalitat, hace menos de un año. Al poco de tomar posesión del cargo se reunió con los representantes de las principales centrales sindicales para trasladarles un mensaje de calma en clave de relación institucional y presupuestaria con la Generalitat. Patronal y representantes de los trabajadores reciben fondos autonómicos a través de distintos programas, en base a formación o actividades diversas.
Al contrario que en Baleares, donde Vox impuso como línea roja el cierre del grifo para aprobar las cuentas autonómicas, el primer presupuesto del Consell de coalición de derechas evitó liquidar esas partidas, entre otras cosas porque también se benefician de ellas asociaciones empresariales y cámaras de comercio. Los populares no tienen intención de romper el diálogo social. El vicepresidente de Vox, Vicente Barrera, con muy buena relación con Mazón y poco dado a cuestionar decisiones en el seno del Consell, no ha hecho batalla de la relación con los sindicatos. Nada que ver, por ejemplo, con el caso del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que sí ha puesto en aprietos al popular Alfonso Fernández Mañueco.
El PP blinda las subvenciones a los sindicatos en sus gobiernos sin Vox
Ignacio S. Calleja
La foto de la semana pasada con los sindicatos con mayor presencia en la función pública (UGT, CCOO y CSIF) va en la misma línea, la de buscar acuerdos para no tener al colectivo de funcionarios en contra. En la agenda están las 35 horas semanales, los planes de estabilidad, la reducción de la temporalidad o la implantación del teletrabajo. En realidad, son cuestiones sobre las que ya había un preacuerdo con la anterior consellera del ramo, la socialista Gabriela Bravo. Ximo Puig siempre trabajó la foto con patronos y sindicatos. Queda por ver ahora, el alcance real de la negociación y su concreción. Mazón y los representantes de los trabajadores públicos quieren que el pacto se prolongue, al menos, lo que resta de legislatura.
Pese a los acuerdos en materia de condiciones laborales, el Consell de PP y Vox no se librará protestas internas por sus políticas. Stepv-Intersindical Valenciana, sindicato cercano a Compromís y con mucha implantación en la enseñanza pública, se ha borrado de las fotos, muy molesto con las nuevas políticas lingüísticas. Plataformas de profesores ya han arrancado movilizaciones por los cambios que introduce la Ley de Libertad Educativa que se tramita en las Cortes o los recortes en la Escuela Oficial de Idiomas. También hay protestas en Sanidad de las secciones sindicales de las mismas centrales que han firmado el inicio de pacto de la Mesa General de Negociación con Mazón por los recortes presupuestarios que aseguran que se están produciendo. Una cosa son los acuerdos generales y otra las secciones por áreas.
Mazón, que dejó al socio de Vox fuera de las competencias en materia económica y presupuestaria, se ha reservado la relación directa con los agentes sociales. A cambio ha optado por la vía de hacer concesiones a los ultraconservadores en la batalla cultural con la izquierda, suprimiendo, por ejemplo, la ley de memoria histórica del Botànic para sustituirla por una ley “de concordia”, un texto de apenas siete páginas que, en el fondo, no hace mucho más que enterrar o dispersar el relato de la represión franquista y la reivindicación de sus víctimas. La primera cesión en esa clave fue entregar al extorero Barrera, vicepresidente primero, la Conselleria de Cultura. Fue el pago por la investidura que exigió Santiago Abascal. También han quedado bajo el paraguas voxista Agricultura y Justicia, al tiempo que acciones y decisiones de dirigentes de Vox rompiendo el consenso transversal en materias como igualdad de género o derechos del colectivo LGTBI generan constantes situaciones incómodas con los populares y críticas de la oposición.
El ejemplo de Moreno
El valenciano toma el testigo de Juanma Moreno, que en sus cinco años en el Palacio de San Telmo ha ensayado una fórmula renovada de las políticas de concertación social que inauguró Manuel Chaves en sus años en la Junta. En su primera legislatura, todavía en minoría y en coalición con Ciudadanos, el malagueño firmó dos acuerdos con UGT, CCOO y la Conferencia de Empresarios de Andalucía (CEA). Una vez logró la mayoría absoluta dejó claro que no tenía intención de abandonar esta política. Tanto es así que la Consejería de Presidencia que encabeza Antonio Sanz incluye también el nombre de Diálogo Social y en marzo de 2023 firmaron un nuevo "pacto social por Andalucía",
La anécdota de la pasada Feria de Abril de Sevilla se produjo precisamente en la caseta de CCOO, done un grupo de señoras de El Viso del Alcor jalearon al presidente andaluz. Lo hicieron con todos los líderes que pasaron por allí, recordaban desde el sindicato, pero sólo el equipo de comunicación de Juanma Moreno lo grabó y distribuyó en redes sociales. El sindicato que lidera Nuria López mantiene buenas relaciones con Moreno, aunque también se muestra beligerante cuando considera que debe hacerlo, como ocurrió con la orden de la Consejería de Salud que abría la puerta a externalizar los servicios de atención primaria.
Mucho más conciliadora es la actitud de UGT en Andalucía, que acarrea debilidades de los años en los que estuvo bajo la sombra de la corrupción. El Gobierno de Juanma Moreno permitió que el sindicato que encabeza Óskar Martín fraccionase el pago de su deuda por las ayudas defraudadas hasta 2048. El Ejecutivo andaluz aprobó un cambio normativo que dio este respiro al sindicato vinculado históricamente al PSOE para enfado mayúsculo de Vox. Solo así pudo sobrevivir UGT, una organización enfrascada ahora mismo en un juicio contra la antigua cúpula precisamente por un posible fraude de 40 millones de euros en los cursos de formación.
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