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El pasado 14 de mayo, solo unas horas después de que las monjas de Belorado anunciasen su ruptura con Roma, otras religiosas españolas le ganaban un pleito a su Obispado. Fue en Mallorca, y después de años de choques en los tribunales con la diócesis de la isla. En su caso, la sangre no llegó al río como en el de sus colegas burgalesas, pero la historia albergan cierta conexión. Ambas situaciones tienen como base un mismo punto que empieza a convertirse en un dolor de cabeza para una Iglesia española en repliegue: la gestión de su ingente patrimonio inmobiliario.
En el pleito balear, la Audiencia Provincial tuvo que ratificar que las jerónimas son las dueñas del Convento de Santa Isabel, algo que negaba el Obispado, al considerar que la orden habría ocupado ese espacio porque ellos lo habían permitido y, por tanto, el bien era de dicha diócesis. Una discusión que podría ser puntual, pero que sumada al caso de Belorado, ha puesto el foco sobre un problema que no para de aumentar. España es el país con más monasterios del mundo, pero las órdenes religiosas que habitan y gestionan esos espacios cada vez son más pequeñas y están más envejecidas, convirtiendo su codiciado espacio en un nuevo punto negro para la Iglesia.
"Lo primero que hay que entender sobre este asunto es que la Iglesia no es una sola persona jurídica, son miles. Cada hermandad, cada parroquia, cada monasterio, es una persona jurídica diferente. ¿Qué ocurre? Que gestionar todo eso y el patrimonio que acumulan, obviamente, es complejo. La Iglesia católica lo hace, con sus estatutos, con bastante lógica y años de experiencia, aunque eso no exime de que puedan aparecer ciertos choques y debates", explica Miguel Campos, profesor de la Facultad de Derecho Canónico y director del curso de Especialista en Administración de Bienes Eclesiásticos en la Universidad Pontificia Comillas. "Es cierto que en los últimos tiempos en España estamos viendo cómo se están cerrando cerca de 1,25 monasterios al mes y hay que gestionar todos esos bienes sabiendo además que las órdenes contemplativas no dependen directamente de la diócesis sino de Roma aunque si necesitan al Obispado para muchas decisiones", añade.
Ese goteo continuado de cierres, que solo pueden ser aprobados directamente por Roma, está generando un problema añadido al ya gigantesco dilema inmobiliario de la Iglesia. Como se ha visto en el caso de Belorado a nivel extremo, pero también a un nivel menor en Mallorca o en Pontevedra, donde el debate surge entre una orden religiosa y la Administración Pública. Además, a esto se suma que muchos de los inmuebles que acaban cerrando están protegidos por ley y tienen un valor que supera fácilmente el millón de euros y no es difícil que suban de los cinco, sin contar lo que hay dentro.
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La madre superiora del convento de las Clarisas de Vitoria, Sor Isabel (d), y el vicario para la Vida Consagrada de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, Manuel Gómez Tavira. Foto: EFE. Solo en la ciudad de Teruel se venden dos conventos por ese montante total. Uno es de las carmelitas y cerró en 2020 y el otro de las clarisas, que hizo lo propio en 2018. Ninguno de momento ha conseguido comprador, aseguran las propias monjas. Algo que sí ocurrió en Gernika, donde el Gobierno vasco compró el convento de Santa Clara y sus aledaños por cerca de 3,6 millones de euros. A estas monjas se las ha relacionado con el caso de Belorado, aunque como aclaró la madre superiora del convento de Santa Clara de la localidad de Arnedo, donde ahora se concentra la congregación que abandonó Gernika, fue un error. En su caso no ha habido ningún problema con la venta del inmueble, origen del cisma burgalés, y el importe total irá para las monjas.
"También es importante señalar que los bienes y el patrimonio no son de las personas que viven en un monasterio, es de la persona jurídica, que es dicho monasterio, una vez que este se cierra y se disuelve, los bienes suelen pasar a la federación de dicha congregación, pero también depende de sus estatutos y cómo esté definido cada caso", aclara Campos. "Lo que sí está claro es que los bienes no son de las personas que forman esa persona jurídica, es un punto importante a destacar porque se generan confusiones. Si se realiza una venta, ese dinero no va a las personas individualmente, no les pertenece".
España ha pasado de tener 814 monasterios abiertos en 2017 a 712 en 2024
Estas situaciones se han multiplicado en los últimos tiempos debido a la caída apresurada de la vocación por la vida contemplativa. En los últimos años, el número de monasterios abiertos en España ha pasado de 814 en 2017 a los 712 en la actualidad, según datos de la Conferencia Episcopal. Y lo mismo ocurre con el número de religiosos. En 2018 había unos 40.000 monjes y monjas, ahora el número cae hasta los 32.000, siendo muchos de ellos mayores de 60 años.
La sangría ha complicado la situación de diócesis y otras instituciones. Además, los obispados tienen un papel importante en las decisiones de las comunidades religiosas, pues aunque estas sean independientes, necesitan del beneplácito de los obispos para tomar grandes decisiones. En 2018, un artículo en el medio especializado Vida Nueva contaba cómo la relación entre monjas y obispados por este tema dista de ser perfecta. Una de sus fuentes aseguraba que se habían encontrado casos en los que el Obispado se había interpuesto para impedir que las monjas realizasen ventas o arreglos y su ente saliese beneficiado.
El eterno debate (no teológico) de la Iglesia
El tema de los inmuebles entra de nuevo en escena poco tiempo después del debate surgido por las inmatriculaciones de la Iglesia. Es más, el pleito en Mallorca tiene su origen en una de estas acciones que llevó al Obispado de Mallorca a inscribir el espacio y sus adyacentes a su nombre, pese a que las jerónimas llevan habitando el lugar desde el siglo XV. La inmatriculación llegó en 2014 y en 2019 la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula decidió llevar el caso a los tribunales, donde la Justicia les ha acabado dando la razón en distintas instancias.
Del debate por las inmatriculaciones surgió la decisión del Ministerio de Presidencia de iniciar un estudio sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015. El resultado fue un listado de casi 35.000 inmuebles pertenecientes a la Iglesia, pero en ese listado se unen todo tipo de instituciones, de diócesis a fundaciones u órdenes. Además, de ese registro salió otro más pequeño, de 1.027 bienes, que la Iglesia confesó que no eran suyos. De nuevo, ahí encontramos todo tipo de titulares. Entre ellos, varias comunidades religiosas.
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