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El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no aprecia "disfunciones en la actuación y comunicación entre los distintos órganos judiciales" que dio lugar a la fuga de Karim Bouyakhrichant, uno de los líderes más importantes de la Mocro Maffia al que la Justicía española dejó en libertad pese a existir una orden de entrega contra él por parte de Países Bajos.
"La toma de decisiones fue diligente y cumpliendo en todo momento con las normas procesales aplicables, sin perjuicio del contenido de las decisiones que se adoptaron con el criterio jurisdiccional que se consideró oportuno en cada momento, sin descoordinación entre ellos", sostiene el informe de la inspección. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado ahora elevarlo al Pleno para revisarlo.
Cronología de una fuga
La Mocro Maffia son clanes dedicados al crimen organizado que tienen en jaque a las autoridades de varios países de Europa, principalmente Países Bajos, donde llegaron a amenazar de muerte al primer ministro y a la heredera al trono, quien se refugió en España. Recibe ese nombre porque la mayoría de sus líderes proceden de Marruecos, como el propio Bouyakhrichant.
Su detención a principios de año en Marbella puso punto y final a una larga operación policial, pero el hecho de que pasara poco más de un mes entre rejas terminó siendo un borrón internacional para la Justicia española. En su informe, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso este diario, la Inspección analiza ahora los tres juzgados que se vieron involucrados: el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, la Audiencia Provincial de Málaga y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
El 10 de enero de 2024, el primero de ellos acordó el ingreso en prisión preventiva de Bouyakhrichant por su "presunta implicación como jefe de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas" que operaba en España. De forma paralela, la Audiencia Nacional, donde se tramitaba la orden de entrega de Países Bajos, dictó otro auto de prisión preventiva el 16 de enero de 2024.
La situación se mantuvo sin cambios hasta el 9 de febrero de 2024, cuando la Audiencia Nacional acordó su puesta en libertad provisional "con imposición de medidas cautelares" con el visto bueno de la Fiscalía. Esta decisión se apoyó en la idea de que la orden de entrega debía quedar suspendida hasta que "se solventaran las responsabilidades penales" de Bouyakhrichant en España, para lo que pidió al Juzgado de Marbella que le mantuviera al tanto si cambiaba su situación personal.
La defensa recurrió la decisión inicial de este último juzgado de acordar su ingreso en prisión y el caso llegó a la Audiencia Provincial de Málaga, que el 22 de febrero atendió sus argumentos y ordenó su puesta en libertad. "En la citada resolución, se confirmó la concurrencia de los indicios de criminalidad relatados en la resolución recurrida y el riesgo de fuga, pero tomando en consideración que había acudido voluntariamente a declarar, se consideró que se podía evitar la fuga mediante la imposición de una medida cautelar menos gravada", explica el informe.
Ese mismo día, el Juzgado de Marbella comunicó a la Audiencia Nacional el "cambio de situación personal" de Bouyakhrichant, a lo que la Audiencia Nacional respondió un día después: solicitó que se le notificara a Bouyakhrichant "la ejecución de la orden de entrega" y preguntó al juzgado de Marbella que "comunicara si existía inconveniente para materializar" la misma. El 23 de febrero, el líder de la Mocro Maffia quedó así en libertad.
Durante las primeras semanas, Bouyakhrichant cumplió las medidas cautelares impuestas y se presentó ante el juzgado el 1 y 15 de marzo, "pero no así el 15 de abril". Cinco días antes, el 10 de abril, la Audiencia Nacinonal le había citado a comparecer por la orden de entrega de Países Bajos, cuyas autoridades acababan de remitir a España un informe ampliatorio sobre los indicios contra él.
Bouyakhrichant no apareció por "supuestos problemas médicos", lo que llevó a la Audiencia Nacional a dictar una nueva orden de busca y captura el 11 de abril "ante los informes policiales (policía local de Marbella y UDEF) comunicando que las gestiones para su localización habían resultado infructuosa". Para entonces, el líder de la Mocro Maffia ya había desaparecido del mapa.
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