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El Sindic de Greuges, el defensor del pueblo de Cataluña, acaba de emitir un informe donde denuncia el descontrol de la Generalitat en los centros de menores tutelados entre los años 2016 y 2020, en pleno desenlace del procés. Según este informe, la administración catalana se saltó los límites legales tanto a la hora de prorrogar los contratos como en cuanto a la aprobación de gastos extraordinarios en las reuniones del Consell de Govern.
En su respuesta al informe, la Generalitat (presidida en el periodo analizado por Carles Puigdemont y Joaquim Torra, de Junts), reconoce ese descontrol, pero lo atribuye a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supuso la intervención de la administración catalana y que, según esta versión, les obligó a saltarse los límites legales. Sin embargo, el sistema de acogida de menores en Cataluña se soporta muy mayoritariamente sobre centros privados, por lo que el Síndico considera que la Generalitat realizó pagos a empresas particulares saltándose las normas básicas de contratación pública, lo que les supuso a estas empresas un enriquecimiento adicional no controlado.
Las dos principales denuncias se corresponden a los años 2017 y 2018, coincidentes con los mandatos de Puigdemont y Torra, con el paréntesis de cinco meses de la aplicación del artículo 155. En esos dos años, el Síndico destapa que la Generalitat alargó contratos de forma ilegal por valor de 62 millones de euros (ejercicio 2018) y reconoció deuda a empresas privadas por valor de otros 86 millones (ejercicio 2017).
Solo 11 de 546 centros de acogida son públicos
En Cataluña, el número de centros de acogida se ha triplicado entre 2016 y 2020, pasando de 167 a 546. En las estadísticas, se observa que el número que crece es el de centros privados concentrados, que pasan de 156 a 535 en tan solo cuatro años. Sin embargo, la Generalitat únicamente gestiona directamente 11 centros en el territorio catalán y todo lo demás lo ha de "subcontratar".
Los 535 centros privados concertados pertenecen a un total 101 entidades diferentes que prestan este servicio de acogida, aunque de este centenar únicamente 10 de ellas concentran más del 55% de los gastos de la Generalitat. Los pagos a estas empresas los realiza la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
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Según el Síndico, ante el creciente gasto desmesurado de los centros de acogida por la llegada de menores inmigrantes y sobrepasado el presupuesto fijado, la DGAIA optó por poner las deudas no pagadas a las empresas en conocimiento del Gobierno catalán con un procedimiento de "reconocimiento extrajudicial del crédito". Esta maniobra la usó la DGAIA en 2017, 2018, 2019 y 2020, por lo que prácticamente se convirtió en la manera habitual de comunicar estos sobrecostes.
En este sentido, uno de los puntos más llamativos del informe señala que, en 2017, un acuerdo del Gobierno catalán incluye una nota que prevé que todas las concreciones y omisiones que pudiese tener los documentos se podrían solucionar mediante una resolución de la entonces consellera de Trabajo, Asuntos sociales y Familias. Solo un día después de la fecha de la comunicación, la consellera emitió una resolución por la cual tomaba conocimiento de la deuda adicional de la DGAIA, que correspondía 86,62 millones de euros. En total, esos gastos provenían del desarrollo de la actividad en 153 centros, con centenares de menores tutelados, pero necesitaron menos de 24 horas para revisar los documentos y aceptar la cifra. En el informe, el Síndico apunta que esta resolución "sobrepasa el concepto de concreción u omisión que permitía el acuerdo de gobierno".
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Servicios sin supervisión
La Sindicatura es especialmente crítica con el uso del procedimiento de emergencia para hacer todo tipo de maniobras. En 2016, la DGAIA contrató tan solo un centro por el procedimiento de emergencia, en 2017 fueron 30 y en 2018 se llegó a 123.
En 2019, se regula la llamada declaración de emergencia, que permite a la DGAIA encargar un servicio a una entidad por un procedimiento parecido a la emergencia anterior. En esta resolución se establece que la contratación mediante este proceso está justificada cuando la administración debe actuar de manera inmediata a causa de efectos catastróficos, situaciones de peligro grave o necesidad que afecten a la defensa nacional. En 2019 de nuevo se vuelven a contratar 106 centros con este proceso y en 2020 hasta 32.
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Además, el informe defiende que en 2020 nueve centros que no estaban acreditados siguieron prestando servicio sin ningún documento administrativo que lo regulase. O lo que es lo mismo, nadie firmó ningún papel que certificase que esos establecimientos cumplían los mínimos para poder acoger a menores. Ni condiciones de seguridad y equipamiento, ni inspección de la edificación, ni titulación del personal, ni número de trabajadores… Desde la DGAIA decidieron prorrogar el servicio de manera unilateral y sin revisar que, aunque en el momento de aprobarlo cumplía los requisitos, que lo siguiese haciendo. Y, por tanto, la facturación de estos servicios no tenía cobertura legal para reconocer el gasto porque faltaban documentos por firmar.
En 2018, la DGAIA prorrogó 181 contratos que tenía vigente, 112 de los cuales no se firmó ningún documento de prórroga, aunque se siguieron prestando los servicios durante todo el año. El total de servicios prorrogados sin formalización de la prórroga ascendió a 62.349.975 euros, mientras que los que sí siguieron el proceso administrativo adecuado tan solo fueron siete centros, que sumaron 17.118.714 euros, aunque su presupuesto inicial fuese de 11,9 millones.
Sobreocupación de los centros de acogida
El Síndico también muestra su preocupación por la sobreocupación de los centros de menores. En las alegaciones al informe, los responsables de la DGAIA señalaron la llegada de menores migrantes no acompañados como motivo de aumento de la demanda de sus servicios. La documentación indica que esta contratación masiva estaba justificada por el incremento de jóvenes migrantes no acompañados, la reiteración de las prórrogas del presupuesto y la falta de recursos.
En Barcelona, entre abril y septiembre de 2018, se registró un incremento en la llegada mensual de menores no acompañdos, que provocó hasta un 9% de sobreocupación en los recursos residenciales preparados para estas situaciones. Aun así, la Sindicatura considera que no hay motivos para utilizar reiteradamente este proceso y que en 2019 y 2020 se sobrepasó con creces la excepcionalidad que determinaban las órdenes. Aunque estima que efectivamente la llegada de inmigrantes menores en principio pudo ser una situación de emergencia, a partir de 2017, cuando la tendencia se mantuvo progresiva, se debió hacer de otra manera.
Más de 10.000 tutelados
Cataluña se acerca a los 10.000 menores tutelados por la Generalitat. Según datos de 2022 del Departamento de Derechos Sociales, en ese año hubo más de 17.000 niños y adolescentes atendidos por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), aunque "tan solo" había 8.768 menores tutelados. Esta cantidad de niños es inasumible para las familias de acogida, que no llegan a 1.000 en Cataluña, por lo que la mayoría de los niños acaban en establecimientos tutelados, el más habitual son los centros residenciales de acción educativa (CRAE) y entre los adolescentes, los pisos tutelados.
Miles de vidas que quedan en el limbo. Niños que pasan a estar a cargo de un único tutor legal: la Generalitat de Cataluña. Los niños y adolescentes entran en un centro de menores en los que trabajan con educadores sociales y trabajadores con la esperanza de conseguir una vida próspera, de estudiar, de seguir adelante. Pero a veces, hasta en las historias más bonitas, hay un lado feo. En este caso, como en mucho otro, esta generosidad está bañada con las aguas de la avaricia una vez más. ¿Enriquecerse de un drama o aprovechar las oportunidades?
Para que un menor pase a estar en manos de la Generalitat, un organismo como las escuelas hospitales o la propia policía debe dar la alerta de que el niño o adolescente se encuentra en situación de riesgo o que los padres, directamente, han renunciado a ejercer como tales. Según datos de 2022 de Derechos Sociales, en el 42% de los casos se producen por negligencia.
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