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El empresario sirio Imad al Naddaf Yalouk ratificó este miércoles que encontró de forma casual los documentos que dieron origen a la investigación del caso Erial que ha sentado en el banquillo al exministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar, Eduardo Zaplana. El testigo explicó que entre 2007 y 2008 (no supo concretar la fecha exacta) firmó un contrato de alquiler con notario y fijó su residencia en un piso de la Plaza de la Legión Española de Valencia, que había sido propiedad del expresidente de la Generalitat hasta el año 2006. Según su relato, halló los papeles en una esquina del hueco de una pared cerrado con una pequeña puerta en el que había una caja fuerte. Esos documentos (pinche para leerlos) incluían una descripción de sociedades, entre ellas la luxemburguesa Imison Internacional, los vínculos con la familia Cotino y referencias al concurso de adjudicación de parque eólicos convocado por la Administración valenciana en 2001.
Los papeles acabaron en manos del autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, que los entregó a su antiguo abogado, Ramiro Blasco. Fueron encontrados por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el marco de un registro al despacho de Blasco dentro de las diligencias del caso Taula, que afectaba a otros dirigentes del Partido Popular valenciano. Tras realizar pesquisas policiales de averiguación sobre su contenido, se trasladaron los documentos al juez de Taula, quien a su vez los remitió al decanato con de fin tramitar su reparto a otro juez, al entender que se trataba de cuestiones distintas a las que instruía. Así fue como arrancó el caso Erial, cuando la titular del juzgado número 8 de Valencia decidió abrir una pieza secreta. En 2017 fue detenido Zaplana por un caso de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y organización criminal, entre otros delitos, por el que está siendo juzgado.
Imad al Naddaf Yalouk ratificó en su declaración de este miércoles que entregó los papeles a Benavent tras encontrarlos en el año 2009 (tampoco supo concretar la fecha exacta) al que conocía por sus vínculos institucionales como representante de la comunidad árabe en Valencia. Benavent era gerente de Imelsa, empresa de la Diputación de Valencia, y una de las personas de confianza del entonces presidente del PP, Alfonso Rus. "Encontré los documentos con tachaduras en la casa alquilada, en una esquina donde hay una puerta pequeña con una caja fuerte, como un hueco. Se los di (a Benavent). No me los pidió, el dije, mira lo que he encontrado".
Naddaf Yalouk relató que, en 2017, antes de que Zaplana fuera detenido, Benavent volvió a citarle en la Plaza Tetuán de Valencia para preguntarle si tenía más documentos. El empresario señaló que no tenía más papeles, y se desvinculó además la copia de un artículo de El Economista, fechado en 2009, en el que hace referencias a los parques eólicos. "Yo solo recuerdo de los papeles con las tachaduras", insistió en varias ocasiones. El empresario explicó que no se le ocurrió entregarle los documentos al notario que le alquiló la vivienda, admitió que conocía el exdirector general de la Policía, Juan Cotino, ya fallecido, de su participación en actos institucionales.
La defensa de Zaplana ha tratado de desactivar como prueba esos documentos, con el fin de anular el procedimiento. Su letrado Daniel Campos ha dado pábulo a la tesis de un posible "montaje" contra su cliente que han expresado el propio Benavent, cuando cambió de abogado y dejó de colaborar con la Justicia en el caso Taula, y el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, que tiene que declarar también como testigo. Villarejo ha llegado incluso a insinuar que el empresario sirio era confidente del CNI. "Creo recordar que había un interés, no sé por qué, en destruir al Sr. Zaplana y se utilizó a un informador sirio, un confidente del CNI", señaló el excomisario en una comparecencia en el Congreso a preguntas del parlamentario del PP, Luis Santamaría.
Los agentes de la UCO que han participado en la investigación de Erial han defendido el "hallazgo casual" de esos documentos y la conveniencia de sus pesquisas. La declaración de Imad al Naddaf Yalouk refuerza el relato de la acusación que ejerce la Fiscalía Anticorrupción. El empresario admitió que en ocasiones era consultado por cuestiones relativas a la comunidad árabe, pero negó haber sido interrogado en alguna ocasión por agentes del Centro Nacional de Inteligencia. "Ellos no se identificaban como CNI", señaló en referencia a los agentes de la Policía.
Interventor apartado
La jornada concentró la declaración de varios testigos, entre ellos uno de los interventores que revisó los pliegos de condiciones del concurso de estaciones de ITV que convocó la Generalitat y en uno de cuyos lotes resultó agraciada una empresa de la familia Cotino. El interventor explicó que aunque dio conformidad a los pliegos puso una advertencia o salvedad al expediente al afirmar que la forma de baremar las ofertas económicas daba mayor prevalencia a las propuestas técnicas, limitando la posibilidad de premiar a las empresas que ofrecían más dinero. "Puse reparos en la baremación de las ofertas económicas porque podía provocar un perjuicio a la Administración", explicó. El mismo interventor explicó que fue apartado y sustituido por otro compañero de la comisión de contratación de ese concurso dos horas antes de la reunión para preparar la propuesta de adjudicación de los lotes.
En su declaración como acusado, el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana en aquellos años, Juan Francisco García, admitió, en el marco de su confesión general, que se preparó el concurso para beneficiar a la familia Cotino, y que informó de ello al entonces presidente de la Generalitat. García cobró en Luxemburgo más de dos millones de euros de la familia Cotino a través de la sociedad Fenix Investment y Anticorrupción sostiene que otros 6,4 millones de euros ingresados en la mercantil Imison Internacional en Luxemburgo fueron para Zaplana. Así lo ha reconocido también Joaquín Barceló 'Pachano', el presunto testaferro del exministro del PP.
En el capítulo de testigos de la acusación para trazar el retorno de las presuntas comisiones, el arquitecto Joaquín Torres, conocido por trabajar para personas de la alta sociedad, declaró que el empresario promotor de la Urbanización La Finca, el fallecido Luis García Cereceda, le dijo que una parcela edificable adquirida por la mercantil Costera del Glorio era propiedad de Eduardo Zaplana. Torres explicó que mantuvo reuniones con el presunto testaferro Joaquín Barceló, que también ha afirmado que la operación buscaba beneficiar al exministro. Zaplana, por su parte, aseguró que solo ejerció de mediador en favor de la sociedad de su amigo. La parcela se revendió posteriormente en 2007 por la misma promotora de Cereceda, Urbanizadora Somosaguas, por 4,3 millones de euros. Las plusvalías, según la acusación, se emplearon para adquirir el piso de la calle Núñez de Balboa en Madrid que sirvió de residencia a Zaplana durante varios años. "Se ganó dinero en poco margen de tiempo, sin añadirle valor (a la parcela)", explicó el arquitecto Torres.
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