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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que cite a declarar como imputados al subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, y al jefe de personal de ADIF, Michaux Miranda Paniagua, por su vinculación con las presiones ejercidas por la trama del caso Koldo para hacerse con contratos de material sanitario durante la pandemia.
El fiscal también reclama la imputación del exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, al que cesó el actual ministro Óscar Puente hace unas semanas, una vez que estalló la operación en la que se investiga al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. Puertos del Estado adjudicó a la trama un contrato de 24,2 millones y ADIF otro de 12,5 millones por la compra de mascarillas.
El escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso El Confidencial, también pide la citación de varios testigos, entre los que destaca la exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. "Declaró en sede policial que la dirección general de Personas de ADIF —Michaux Miranda— era la que se encargaba de gestionar esta adjudicación", explica el fiscal. "Manifestó no haber recibido órdenes para la adjudicación del contrato, pero afirmó haber recibido presión por parte del Ministerio de Transportes para que dicha adjudicación se realizara con la mayor premura posible, y la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida posible".
Los tres cargos a los que pide imputar
Anticorrupción asegura que tanto los informes policiales como los documentos incautados apuntan a que Gómez, Miranda y Sánchez "podrían haber ejercido ciertas presiones" sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas. Ese marcaje se dirigía a impedir que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos.
En sus mensajes daban por hecho, sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, la empresa vinculada a la trama. "En principio, sin perjuicio de ulteriores consideraciones, tal conducta podría ser encajable dentro de los contornos del delito de tráfico de influencias", indica el fiscal.
Anticorrupción basa su petición en un informe que la Guardia Civil aportó esta misma semana a la Audiencia Nacional sobre los correos que se enviaban los altos cargos de Transportes mientras tramitaban los contratos. Los mensajes reflejan que Koldo García tuvo una participación directa en la gestión y que luego daba curso a algunos de ellos a otro correo que dependía del propio Ábalos.
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Pablo Gabilondo
El informe destaca varios correos de Sánchez Manzanares. "Para vuestra tranquilidad, cuando el tema esté cerrado, el anuncio lo va a hacer el presidente del Gobierno", escribió en uno de ellos. "Solo espero no acabar en el Manzanares con una losa de hormigón en los pies", le respondió una de sus colaboradoras. El que fuera responsable de Puertos del Estado dejó dicho a continuación otro comentario que abunda en las sospechas de los investigadores: "Después de esto nos vamos a gestionar el cartel de Cali".
La Fiscalía considera a que estos correos también revelan que Sánchez Manzanares mantenía contacto directo con el empresario Víctor de Aldama, cuya comisión por los contratos ascendió a 5,5 millones de euros. "Remitió un correo electrónico a Víctor Aldama comunicándole la misma oferta, escribiendo en el cuerpo del mensaje 'Solo para tu información Víctor'", recoge el escrito. "Respecto a este correo, se ha de señalar que Álvaro Sánchez Manzanares declaró en sede policial que solo tuvo contacto con Víctor Aldama para resolver una incidencia relativa al transporte de las mascarillas".
En el caso de ADIF, el fiscal apunta a que el equipo de trabajo se mostró "contrario a la contratación" de la trama en un momento dado, pero "del contenido de alguno de estos correos también se desprende que Michaux recibió instrucciones". Los mensajes también reflejan que el subsecretario Jesús Manuel Gómez García parecía hacer de "correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores", lo que choca con el hecho de que durante su declaración en sede policial negara participación alguna. Para Anticorrupción, esa "afirmación se ha revelado alejada de la realidad" y también "mantuvo varios encuentros con Koldo García Izaguirre".
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