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"(...) La cultura musulmana es un factor inquebrantable que asegura la comisión de delitos". La frase, que ha salido a la luz ahora, figura en el séptimo párrafo de un atestado policial de mayo de 2023. Se refiere a la investigación de la presunta trama de corrupción, protagonizada en Melilla, por dirigentes del partido Coalición por Melilla (CpM), para comprar votos por correo (sobre todo en las elecciones municipales de mayo de 2023).
La frase ha indignado a la comunidad musulmana (mayoritaria en esta ciudad de 85.000 habitantes) en la que CpM, una formación con la que se identifican los españoles de origen bereber, es el segundo partido después del PP. Los populares gobiernan la ciudad desde finales de la primavera pasada.
El hallazgo de esta frase en el atestado "ha causado perplejidad e indignación en nuestra comunidad", recalcó, el jueves, un comunicado de la Comisión Islámica de Melilla que representa a la mayoría de ese colectivo. "Es sesgado y discriminatorio hacia nuestro colectivo", añade.
"La cultura de una persona no determina su propensión a cometer delitos, bajo ningún pretexto", prosigue el texto. "Tal generalización no solo es injusta, sino que también perpetúa estereotipos dañinos", continúa. Insta, por último, a "rectificar y pedir perdón a la ciudadanía de confesión musulmana". "No toleraremos comentarios que promuevan el odio a la discriminación", concluye.
Tras la difusión del comunicado Stop Desahucios de Melilla, se convocó una manifestación bajo el lema Ser musulmán no es un delito. Yo no discrimino a la que se están sumando otras organizaciones de la sociedad civil.
El malestar en la comunidad musulmana ya empezó cuando se conoció el auto por el que la magistrada María del Carmen Perles, titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla, envió a prisión, el 5 y 6 de marzo, a Mustafa Aberchán, líder de CpM, y a cuatro miembros de su partido (Dunia Almansouri, Rachid Busián, Hassan Mohatar y Mohamed Ahed Al-Alal) que fueron consejeros del Gobierno de la ciudad entre 2019 y 2023. Todos están desde entonces en prisión provisional.
Los detenidos por comprar votos en Melilla, acusados de integrar un grupo criminal
B. Parera
El levantamiento, la semana pasada, del secreto de una parte del sumario, desveló que Mustafa Aberchán encabezó presuntamente una organización criminal dedicada a la contratación pública. El propósito era la compra de votos en las barriadas deprimidas de Melilla, así como el enriquecimiento ilícito de políticos y empresarios locales. Desde cuatro consejerías en manos de CpM se adjudicaban contratos menores por obras y servicios a empresarios afines al partido para poder financiar la compra de votos.
La jueza justificó en su auto el ingreso en prisión de Aberchán y sus cuatro exconsejeros porque son de "ascendencia marroquí" y lo habitual es que "también gocen de dicha nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino (...)". Podrían, por tanto, "sustraerse a la acción de la justicia (riesgo de fuga)", añadía. En Melilla es fácil porque "la salida por mar mediante motos acuáticas y embarcaciones de recreo hace imposible el control efectivo de las personas en libertad provisional con medidas más o menos restrictivas", concluía.
Ninguno de los enviados a prisión, hace ya más de un mes, dispone de un pasaporte marroquí y todos tienen un fuerte arraigo en Melilla, la ciudad donde han nacido o donde han pasado la mayor parte de su vida y donde residen sus familias.
Los letrados de todos los investigados enviados a prisión han recurrido su ingreso ante la Audiencia Provincial. Isaac Fernández Atencia, que es el abogado de Yonaida Sellam, la única viceconsejera de CpM que logró librarse de la cárcel mediante el abono de una fianza de 5.000 euros, ha elevado además una queja al Consejo General del Poder Judicial.
Argumenta que la jueza no acredita en su auto "los supuestos orígenes extranjeros y la presunción de otras nacionalidades" de los investigados que están detrás de los barrotes. De la treintena de detenidos en el marco de la operación policial Santiago-Rusadir, que se desarrolló en marzo, "solo decretó el ingreso en prisión de los españoles de origen amazigh", es decir, bereberes de la región del Rif que fue protectorado español en Marruecos hasta 1956.
El letrado sostiene que la jueza está "vulnerando el artículo 14 de la Constitución española al haber una clara discriminación por razón de raza en las resoluciones del órgano jurisdiccional así como del artículo 24.2, puesto que la población española de origen amazigh podría estar siendo discriminada".
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