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La ley de amnistía ya va camino del pleno del Congreso para su aprobación definitiva. Los partidos del Gobierno y sus socios han aprobado el dictamen definitivo de la norma en la comisión de Justicia un mes después del bloqueo provocado por el rechazo de Junts al texto porque lo consideraban poco garantista. Eso es lo que ha cambiado en este periodo y por eso el voto de los neoconvergentes es positivo. Los de Carles Puigdemont consideran que la norma ya da las garantías suficientes para que llegue “a todo el mundo” después de vincular los delitos de terrorismo, traición y malversación a las directrices europeas. Con esa confianza, la norma saldrá adelante, probablemente, la semana próxima en un pleno extraordinario. Pero en el PP avisan: “El Código Penal sigue en vigor”, ha dicho Cuca Gamarra durante su intervención.
El PP, como ha venido defendiendo hasta la fecha, ha centrado sus críticas durante la comisión en denunciar el quebranto de la norma en el Estado de derecho y la separación de poderes. “Es una ley injusta, inconstitucional e inmoral”, ha expresado Gamarra, que ha hecho de portavoz de su partido durante la sesión.
La popular, que ha denunciado que no existe ningún precedente que avale que la norma vuelva a la comisión del ramo tras su rechazo, ha defendido la labor de los jueces y ha confiado en que la ejecución final de norma no se cumpla, pese a que el Gobierno ha basado el nuevo texto en los estándares europeos, obviando en parte el ordenamiento penal español. “El dolo se define en el Código Penal y la ley no puede depender de la declaración de cada acusado”, ha dicho Gamarra, que ha tildado la ley como una forma “corrupción política”.
La sesión había empezado fuerte. El PP intentó a última hora ganar algo de tiempo y suspender la comisión, con el argumento de que no habían tenido tiempo para estudiar las enmiendas transaccionales presentadas al texto a última hora. “¿Qué menos que desde la Mesa se ampare a todos los diputados para que puedan disponer del tiempo suficiente para ejercer nuestros derechos y nuestra función parlamentaria?”, reclamó Cuca Gamarra. El movimiento fue en vano, de la misma forma que el de Vox, que había solicitado anular la cita porque la ley no puede volver a la comisión tras el rechazo de la Cámara, en virtud del artículo 131 del reglamento. El PSOE, aunque no detalló los argumentos de su rechazo, hizo valer su mayoría en la Mesa para desestimar ambas iniciativas.
Vox, que insistió en el “fraude de ley” que supone la celebración de la comisión, desplegó sus críticas habituales a la denominada como ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Javier Ortega Smith, que ejerció la acusación durante el procés y asumió este jueves la portavocía de su grupo, cargó contra la “repugnante compra de votos” y la redacción “a la carta” de la norma, adaptada al gusto de Carles Puigdemont y el resto de acusados. “No es el triunfo de la democracia, es un ataque despiadado al Estado de derecho y la separación de poderes”, dijo Ortega Smith, que censuró las cesiones en los delitos de terrorismo y malversación. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para derogar esta ley y volver a sentar en el banquillo a los delincuentes”, concluyó.
La comisión de Justicia se ha celebrado cuando el PSOE, Junts y ERC ya habían pactado la futura ley de amnistía. El acuerdo, como ha informado este diario, incluye una rebaja en la definición del delito de terrorismo, cuyos supuestos más graves se vinculan ahora a la normativa europea y no al Código Penal español, supuestamente más restrictivo. También prevé cambios respecto a los delitos de traición, una de las grandes preocupaciones de Carles Puigdemont, y de malversación, de modo que el enriquecimiento personal no es considerado como tal cuando se trata del desvío de fondos para el procés.
El Gobierno, contra el PP
Los socios del Gobierno han salido en tromba contra el PP por su papel en la tramitación de la ley de amnistía. “El gran derrotado es el PP”, ha dicho Gerardo Pisarello, portavoz de Sumar en la comisión, que ve una “deriva” de los populares y una “estrategia golpista” en manos de José María Aznar para “hacer descarrilar al Gobierno”. Jon Iñarritu, de EH Bildu, se ha pronunciado en términos similares al afirmar que el rechazo de Génova al perdón general a los implicados en el procés tiene que ver con un intento “legítimo” por “desgastar” al Ejecutivo.
“El argumentario les falla”, ha dicho el dirigente abertzale, que ha recordado cómo el PP se abrió a un posible indulto a Carles Puigdemont en una reunión con periodistas en la campaña de las gallegas. “Ustedes han indultado a personas condenadas por terrorismo”, ha recordado Iñarritu, que también ha lanzado un dardo a “los jueces con vocación prevaricadora”. “No quieren resolver ningún problema, les interesa vivir en el conflicto permanente”, ha apostillado Martina Velarde, de Podemos.
En Junts también han sido críticos con el PP por intentar vender “un discurso mentiroso” a los juristas de la Comisión de Venecia que acudieron a Madrid para hacer el examen que el Senado reclamó, auspiciado por los populares. Josep María Cervera, portavoz neoconvergente en la Comisión de Justicia, ha sacado pecho de la resistencia de su partido a aprobar inicialmente el texto, lo que ha permitido pronunciarse de forma provisional al órgano consultivo y tener una ley “reforzada” gracias a esa resistencia.
Ese pronunciamiento hay que entenderlo en el contexto de la competición entre los partidos independentistas por llevarse los galones de la amnistía. Lo ha demostrado la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, que ha puesto el foco en el retraso de mes y medio en la aprobación de la ley que provocó el rechazo de Junts. “No vamos a engañar a nadie”, ha dicho para dejar claro que los cambios en el texto son “estéticos”, como ha dicho la secretaria general de su partido, Marta Rovira. “Si alguien se siente más cómodo con esta versión, no vamos a ser nosotros quien lo impidamos”, ha zanjado Vallugera que ha celebrado que Junts “acompañe” a ERC en las negociaciones.
El PSOE, por su parte, ha mostrado su apuesta por “desjudicializar la política” y abrir una nueva etapa, en palabras de su portavoz, Aranda. La postura, avanzada ya por Félix Bolaños antes de la comisión, va acompañada a un tirón de orejas al PP por “usar Cataluña” para conseguir “réditos electorales”.
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