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Sin apoyos suficientes en el bloque de la izquierda, la ley para abolir la prostitución del PSOE depende de la voluntad del PP. Y los socialistas confían en su ayuda para permitir su tramitación, a pesar de que la comunicación entre los dos partidos es prácticamente inexistente y la relación mutua, que ya es muy mala, ha empeorado a raíz del caso Koldo, el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la ofensiva del PP contra la mujer de Pedro Sánchez, hasta hacer irrespirable el clima político.
La carrera electoral de aquí al verano, con tres elecciones consecutivas -las vascas del 21 de abril, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio-, tampoco ayuda. Pero el PSOE ve un pasillo de diálogo en este asunto, para el que no cuenta ni con el respaldo de Sumar, su socio de coalición.
Los socialistas registraron este martes por segunda vez la proposición de ley contra la prostitución, que plantea castigar a clientes, proxenetas y quienes alquilen locales para que se ejerza. En la primera ocasión, consiguió su admisión a trámite con los votos de los populares y de una parte de Unidas Podemos. Los diputados de En Comú Podem votaron en contra junto a ERC y Junts. PNV, Bildu y Vox se abstuvieron. Pero después decayó por la convocatoria adelantada de elecciones.
En el pacto de Gobierno suscrito con Sumar no fue posible incluir esta norma por falta de acuerdo. Como sucedía en la anterior legislatura, en la plataforma de Yolanda Díaz conviven diferentes sensibilidades. Pero, según explican fuentes socialistas, ya avisaron de que, si no era posible impulsarla desde el Consejo de Ministros, el PSOE la presentaría en el Congreso.
A raíz del 8-M, el jefe del Ejecutivo dio la orden de recuperar la ley abolicionista, según aseguran fuentes del partido, que desvinculan la decisión de un intento de desmarcarse de las juergas que han trascendido en el sumario del caso Koldo. No hay fecha aún para que el pleno vote su tramitación, pero probablemente sea antes de las vacaciones estivales. Y la esperanza de los socialistas es volver a contar con el apoyo del PP.
La intención de su portavoz de Igualdad, Andrea Fernández, es ponerse en contacto con su homóloga en el grupo popular, Marta González. La posición del PP entonces fue que “la prostitución no puede ser legal, como no puede serlo la venta de órganos”. Pero ahora no quieren adelantar nada y prefieren esperar a que se produzca esa llamada. Aunque fuentes populares aseguran que "mola mucho hablar de esto a la espera de las fotos del caso Koldo", otras personas apelan al "sentido común" para sostener que lo normal es que se avale de nuevo la admisión a trámite.
Y a esto se agarran los socialistas. A que, a pesar de la degradación del clima político, el PP actuará del mismo modo porque no podrían explicar un cambio de postura. En estos momentos, y sin ninguna garantía de lo que finalmente suceda con la ley, es el único punto en el que parece existir entre PSOE y PP una pizca de entendimiento. El acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según las fuentes consultadas, sigue bloqueado porque el Gobierno no se compromete con el cambio en la ley que exigen los populares. Al menos, señalan, no en los términos que Génova pretende "imponer".
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