La decisión del Gobierno de recurrir la decisión de la Mesa del Parlament de tramitar una iniciativa legislativa popular a favor de la independencia de Cataluña coloca nuevamente en el Tribunal Constitucional la responsabilidad de dirimir un conflicto político y jurídico de cuya solución pende en gran medida el futuro de dicha comunidad. Sobre todo porque a esta impugnación, que suspenderá de manera automática y durante cinco meses la tramitación de esa iniciativa, se han unido o se sumarán en breve otras que afectan a la futura Ley de Amnistía y a cientos de encausados en los dos procesos independentistas puestos en marcha por gobiernos catalanes. El Tribunal Constitucional atesora una jurisprudencia muy consolidada sobre las aventuras independentistas que impide iniciativas unilaterales, dado que la Constitución proclama que la soberanía no es un concepto divisible sino que reside en el conjunto del pueblo español. El recurso al que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde —con el dictamen favorable del Consejo de Estado— plantea la inmediata suspensión de la tramitación de la iniciativa legislativa por la independencia de Cataluña, solicitando que esta medida cautelar se convierta en una declaración de nulidad íntegra del texto.
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