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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a pronunciarse sobre las recusaciones de los acusados en el caso Tsunami formuladas contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. En un auto, los magistrados han rechazado, de nuevo, apartarle del procedimiento, aunque lo han hecho por un motivo técnico. El recurrente no contaba con el poder especial que se exige en este tipo de actos.
La recusación fue formulada por la defensa de Oleguer Serra que solicitaba que fuera retirado de la instrucción de la causa por unas manifestaciones pronunciadas en el curso de una conferencia celebrada en Orense el 5 de octubre del año pasado. Se trata de la segunda vez que la Sala adopta la misma decisión tras inadmitir recientemente la pretensión de otro investigado, Oleguer Serra. También en aquel caso la decisión se debió a un defecto de forma.
Ambos acusados sostenían que las declaraciones del magistrado afectan "a la necesaria apariencia de imparcialidad" del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6. En aquel foro, el magistrado fue preguntado por la amnistía e indicó que "como ciudadano" considera que en la Constitución "tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible". "Estos señores han dicho que en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?", agregó.
Defecto formal
El defecto formal, según detalla la Sala, se debe a un error en el poder especial necesario para plantear una recusación. En concreto, los magistrados indican que en el poder otorgado por Serra "no se indica ni el procedimiento ni la causa de recusación, ni se designa al recusado".
El pasado 24 de enero el juez instructor ya señaló que ambas recusaciones presentadas carecían “de los más elementales requisitos formales exigidos para su tramitación”, puesto que no estaba firmada por el recusante ni se acompañaba de poder especial, ni se había producido ratificación, por lo que tampoco resultaría por esta vía admisible.
Lo mismo sucedió en la Sala de lo Penal con la recusación presentada por el investigado de Josep Lluis Alay, 'mano derecha' del expresidente catalán Carles Puigdemont e investigado en la causa. La magistrada de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Carolina Rius acordó hace unas semanas el archivo definitivo de aquel incidente de recusación por no haberse subsanado el defecto formal apreciado y haber transcurrido un tiempo superior al fijado para ello la ley orgánica del poder judicial.
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