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Los siete expertos de la Comisión de Venecia —órgano dependiente del Consejo de Europa— han desembarcado este jueves en el Congreso de los Diputados para entrevistarse con portavoces de los distintos grupos parlamentarios e iniciar los trabajos para elaborar un informe exhaustivo sobre la ley de amnistía. Tras más de dos horas de reunión, en la que los partidos han seguido un "formato mitin" en sus intervenciones, la delegación europea ha recabado visiones contradictorias sobre la despenalización del procés, que sigue en proceso de tramitación en la Cámara Baja.
En esta primera toma de contacto, la Comisión de Venecia se ha centrado en los aspectos más técnicos de la norma, relativos por ejemplo a las garantías respecto al registro o la presentación de enmiendas, o en si la norma cabe o no en la Constitución española. En una exposición inicial, los expertos han preguntado, por ejemplo, por qué la ley se ha presentado como una proposición de ley de un grupo parlamentario —que no requiere de informes preceptivos, como el del Consejo Fiscal o el del CGPJ— y no como un proyecto de ley, reservado para el Gobierno.
Tras la cita, el portavoz de Justicia del PSOE, Paco Aranda, ha minimizado el impacto que puede llegar a tener el informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, y ha asegurado que los socialistas salen con "buenas sensaciones" de la cita. El PSOE ha defendido ante los expertos europeos que la normativa es "sólida, impecable y constitucional", y ha incidido en que el motivo de su tramitación responde únicamente a la "convivencia" en España y a la necesidad de resolver un "problema político" con Cataluña. Fuentes socialistas añaden, además, que la Comisión de Venecia no va a entrar en el carácter político de la iniciativa. "No van a juzgar la idoneidad de la ley, sino si los trámites se están cumpliendo". Y en eso, aseguran, están "tranquilos".
Tras la cita han comparecido también los portavoces de Junts y ERC, que han coincidido, con matices, en una defensa cerrada a la ley de amnistía. El portavoz de los neoconvergentes, Josep María Cervera, ha recalcado ante la Comisión de Venecia que su fin es una amnistía "integral e inmediata" para todo el procés, sin esconder que el interés de su partido es conseguir un "Estado propio". La portavoz de ERC, Pilar Valluguera, ha celebrado la "neutralidad" exhibida por los miembros de la comisión, e insistió en que éstos no entrarán en "la oportunidad o el bien político que puede hacer" la ley de amnistía, sino que se centrarán en aspectos formales sobre los procedimientos de la norma.
El PP no ha obtenido la misma conclusión. A juicio de la portavoz adjunta de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, la delegación comunitaria sale "preocupada" de la Cámara Baja, una inquietud que asegura que se extiende al resto de la Unión Europea. El partido de Alberto Núñez Feijóo espera un "análisis a fondo" del órgano internacional y un dictamen que, como mínimo, ayude a frenar la ley de amnistía en Europa y encender las alarmas en Bruselas. "Hemos explicado que lo que está en juego ya no es solo la convivencia, sino la vigencia del Estado de Derecho en España y, por tanto, en Europa", sentenciaba la portavoz.
El PP ha sacado la artillería pesada en la reunión, y ha entregado a los expertos diversos documentos para sostener su argumentación, desde el informe de los letrados de la Comisión de Justicia que cuestiona la constitucionalidad de la ley; hasta el comunicado crítico de las asociaciones de jueces y fiscales. En su tiempo de intervención, Cayetana Álvarez de Toledo advirtió también sobre las enmiendas para despenalizar delitos de terrorismo o sobre la intención del Gobierno de redefinir éste concepto en el Código Penal para sortear las investigaciones judiciales y blindar la amnistía de Carles Puigdemont. "El propósito de la amnistía es blanquear el proceso separatista para reanudarlo", incidía Álvarez de Toledo, mismo mensaje que ha trasladado a puerta cerrada a la Comisión de Venecia.
La delegación de expertos se ha reunido también con los grupos parlamentarios en el Senado; con el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte; y con las asociaciones de jueces y fiscales. Tanto Guilarte como los representantes de estas últimas han aprovechado para trasladarle su preocupación por las acusaciones de 'lawfare' y por ataques que vienen sufriendo de determinados políticos en los últimos meses. "Tres de las cuatro asociaciones convocadas coincidimos en resaltar nuestra opinión crítica con el texto de la proposición de ley [de la amnistía]", apuntan a su vez desde la Asociación Profesional de la Magistratura.
La visita de la delegación acabará este viernes con un encuentro en el Centro de Estudios Constitucionales. Más allá de las conclusiones recabadas estos dos días, la Comisión de Venecia remitirá a los grupos nuevas preguntas por escrito para profundizar en su análisis. Se prevé que las conclusiones del órgano, que no son vinculantes, salgan a la luz el próximo 15 o 16 de marzo.
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