:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F298%2F8e5%2Faeb%2F2988e5aeb86d41a9c4e491f4e2e7a514.jpg)
La CUP solicitó este jueves la desclasificación de los documentos que afectan al espionaje con el programa Pegasus de su cúpula dirigente, en concreto del actual diputado Carles Riera y de los exdiputados David Fernández y Albert Botran. Los tres habían interpuesto querella contra el CNI por ese espionaje en mayo de 2022, aunque su investigación recayó en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona. La del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, está siendo investigada por el juzgado número 29, que pidió la desclasificación de los papeles, a lo que el Gobierno español ha accedido. La petición de la CUP se produce pocas horas después de que el Gobierno central accediese a desclasificar los documentos del president.
El exdiputado Benet Salellas es el abogado de la cúpula de la CUP y firma la petición de desclasificación de los documentos de los dirigentes de la organización anticapitalista. Según la CUP, esta medida se solicitó hace casi dos años y más tarde la Audiencia Provincial resolvió darles la razón a los independentistas y obligaba al juzgado a pronunciarse, cosa que nunca ocurrió. Salellas señaló que "a casi dos años del inicio de las acciones judiciales por Pegasus, estamos muy decepcionados de los resultados de la investigación policial. Hemos tenido que articular multitud de recursos para intentar hacer avanzar la investigación de apelación ante el juez. Nos encontramos a unos órganos judiciales que no están investigando, ni la Fiscalía está impulsando la investigación ni tampoco el Gobierno, una estructura que tiene toda la información que nos podría ayudar y que no está haciendo ninguna aportación por voluntad propia".
De hecho, hay tres querellas por el tema Pegasus en los juzgados de Barcelona, ya que además de la de Aragonès y la CUP también existe otra en el juzgado de instrucción número 21 interpuesta por Òmnium Cultural por supuestamente espiar a su exvicepresidente, Marcel Mauri, a la responsable del área internacional, Elena Jiménez, y a Txell Bonet, pareja del expresidente de la entidad Jordi Cuixart.
Una comisión parlamentaria sospechosa
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, la única víctima política del espionaje con Pegasus (fue defenestrada tras el estallido del caso), declaró este viernes mediante videoconferencia por la querella de Aragonès, aunque no trascendió nada de su declaración. Este viernes, además, se reunía la comisión de investigación del tema Pegasus en el Parlament de Cataluña, una comisión montada por los independentistas para actuar como altavoz mediático del espionaje al independentismo. Se trata, sin embargo, de una comisión que nació lastrada, pues se vetó la comparecencia de prestigiosos juristas que ponían en duda el informe Catalangate, realizado por el laboratorio canadiense Citizen Lab. Este opaco organismo se niega a desvelar sus fuentes de información, aunque se sospecha que recibió dinero de los independentistas y de la multinacional Apple para denunciar a la empresa israelí NSO Group, que comercializa el programa Pegasus. Citizen Lab habría recibido como premio hasta una decena de millones de euros solo de Apple.
Ello, unido a que el presidente de la comisión es el republicano Josep Maria Jové, uno de los supuestos espiados, deslegitima la imparcialidad de la comisión parlamentaria, utilizada políticamente para dar publicidad las quejas del independentismo tras la redacción del informe del Catalangate, que acusaba al CNI de espiar a 63 activistas soberanistas. Esa cifra, no obstante, es falsa, puesto que varios de ellos no fueron espiados por el CNI (que solo reconoció haber investigado con Pegasus a 18), sino que fueron víctimas de un fallo en WhatsApp, como demuestra un sumario abierto en Estados Unidos. Entre los dirigentes que acusaron al CNI a sabiendas de que no habían sido los servicios secretos españoles quienes les habían espiado están el expresidente del Parlament y actual consejero de Empresa, Roger Torrent, o el exjefe de filas de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall.
Para esta jornada estaban citados a declarar Juan Jesús Torres, como secretario general de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos, Luis Jiménez Muñoz, subdirector del Centro Criptológico Nacional, e Iván Redondo, exdirector del gabinete de Presidencia de Pedro Sánchez. También se pidió la comparecencia de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno español. Los tres primeros excusaron su no comparecencia escudándose en el hecho de que no están obligados, según los informes del Consejo de Estado.
Iglesias se conectó por videoconferencia con la comisión. El exlíder de Podemos aprovechó para demonizar "sectores del estado" que hacen uso de "mecanismos ilegales para combatir de manera ilegal e ilegítima a quienes consideran sus adversarios (…) Utilizar el espionaje para lograr una ventaja frente a un adversario político en el marco de una negociación sería algo extremadamente grave". El exlíder de Podemos sacó sus peores demonios contra sus enemigos políticos, es decir, contra el Gobierno español.
Pide la dimisión de Robles
Abominó de las cloacas y añadió: "La dimisión que correspondía era la de la ministra de Defensa, no la de la directora del CNI. Si la ministra de Defensa no ha sido capaz de proteger al presidente del Gobierno, en tanto que máxima responsable del CNI, que no ha sido ni capaz de proteger su propio teléfono móvil [se refería al espionaje de los teléfonos de Pedro Sánchez y de Margarita Robles] de que le instalen el sistema Pegasus, pretender escurrir el bulto de su responsabilidad y hacer recaer la responsabilidad a la directora del CNI, no es algo muy presentable en términos democráticos. Si el máximo responsable gubernamental de la seguridad del presidente y del Gobierno no es capaz de evitar que le instalen Pegasus al propio presidente y a ella misma, es bastante obvio que no debería seguir al frente del Ministerio de Defensa".
Al margen de la diatriba de Iglesias, la comisión sirvió para dar voz a las nuevas exigencias de la CUP. La diputada Monserrat Vinyet criticó que "el PSOE se está equivocando al no abrir puertas (la misma expresión que luego utilizó Iglesias]. Queremos recordar que hemos tenido 3 diputados investigados en la CUP, los señores Riera, Fernández y Botran, que en mayo de 2022 se presentó una querella en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, donde se solicitaban unas diligencias de investigación. Precisamente, una de ellas era la desclasificación de documentos que habían autorizado esta infección. No fue atendida por parte de los tribunales. La Fiscalía, como siempre, guardó silencio y aprovechamos el hecho de que se hayan desclasificado parcialmente documentos relativos al president, a Pere Aragonès, para volver a hacer esta reiteración. Reiteramos al Gobierno de Sánchez que queremos tener acceso a toda la documentación relativa a los diputados de esta formación política que fueron investigados y que lo queremos de forma inmediata".
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}