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El Tribunal Supremo ha asignado a la Audiencia Nacional la investigación de una estafa de venta de móviles por internet presuntamente perpetrada a través de una empresa radicada en la localidad pacense de Don Benito y que contaría con cientos de víctimas en toda España.
El alto tribunal ha resuelto el conflicto de competencias entablado entre la Audiencia Nacional y el juzgado de instrucción número 3 de Don Benito, que fue el que inició la causa, y ha concluido que la investigación se quede en manos de la Audiencia.
Todo ello por la complejidad de la causa, debido al alto número de perjudicados, la diseminación de víctimas por todo el país y la existencia de investigaciones por parte de las comunidades autónomas (Instituto de Consumo, Consejerías, Organizaciones de Consumidores y usuarios), que hace precisa su unión y coordinación. Será la magistrada María Tardón, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia, la que dirija a partir de ahora las pesquisas.
La investigación, abierta por un delito de estafa a través de internet, se inició en el citado juzgado de Don Benito a raíz de la denuncia interpuesta por una de las múltiples víctimas al haber comprado a través de la web "costomovil.es" un dispositivo electrónico que pagó y no recibió. Después llegaron cientos de denuncias similares.
El juzgado decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional que argumentó la existencia de miles de perjudicados, procedentes de varias comunidades, con una ingente cantidad de asuntos recibidos diariamente por correo ordinario, lo que obligó a la oficina de dicho órgano judicial, con escasos medios, a la laboriosa y dilatada tarea en el tiempo de incorporar al expediente digital cientos de procedimientos.
En contra de su criterio, la Audiencia consideró que la competencia era del juzgado de Don Benito porque es allí donde se encuentra el domicilio social de la empresa titular de la página web a través de la que se habría cometido presuntamente el engaño, y está próximo al domicilio de las personas investigadas.
El Supremo le recuerda a la Audiencia que la ley le da competencia para conocer las defraudaciones que puedan producir un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia y añade que el Juzgado extremeño informó de que las diligencias ya ocupan más de 250, con varios cientos de víctimas en todo el territorio nacional.
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