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La propuesta del PP para suspender e incluso "disolver" partidos políticos que atenten contra la integridad y unidad del Estado no tendrá recorrido parlamentario, al menos en el corto plazo. Génova lo mete ahora al congelador, sin visos de abrir la puerta hasta que no llegue "el momento procesal oportuno". En la dirección popular aseguran que no se trata de dejar morir la controvertida iniciativa, sino más bien reactivarla cuando exista oportunidad política y haga falta emplear ese resorte contra el independentismo en caso de que se produzcan pasos decisivos hacia un nuevo referéndum. Pero ni hay plazos, ni hay certezas.
En el partido hay voces que no solo celebran esa decisión, sino que, incluso, llaman a dar carpetazo definitivo a lo que califican como "un error" que "no tiene sentido". "Fue un lío, se explicó mal y, encima, no nos lleva a ninguna parte", valora un miembro del comité de dirección del partido. Los errores comunicativos, asumidos a viva voz por el propio Alberto Núñez Feijóo a la hora de explicar la propuesta, generaron malestar también en algunas delegaciones territoriales, que veían con recelo el riesgo de desviar el foco de la clave de bóveda de su oposición: la ley de amnistía y el conjunto de cesiones al independentismo, ahora eclipsada por el enredo en la entrega de las competencias de inmigración a la Generalitat.
Génova aterrizó la iniciativa la primera semana del año. Lo hizo en una rueda de prensa el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que explicó la apuesta para "disolver" formaciones políticas dentro de un delito de deslealtad constitucional que registró en su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía. El texto no salió adelante, como era de esperar, por la falta de apoyos parlamentarios, pero sienta un precedente en la línea estratégica del PP, que rehusó de este tipo de herramientas durante los peores momentos del procés. Si Mariano Rajoy hubiese aplicado esta medida en 2017, formaciones como Junts o ERC habrían sido ilegalizadas.
Esa misma semana, Tellado volvió a convocar a los medios solo 24 horas después del anuncio, para aclarar que su propuesta no iba en la línea de la histórica reivindicación de Vox de ilegalizar formaciones independentistas, porque el objetivo del PP no era "perseguir ideas", sino "actos delictivos", por ejemplo relativos a una nueva convocatoria de una consulta ilegal. Pero las explicaciones no templaron las críticas.
Unos días después, durante una entrevista en Onda Cero, Feijóo matizó la propuesta y se abrió a que la disolución solo se aplicase "en casos muy agravados". También se mostró dispuesto a aceptar enmiendas para suavizarla en su tramitación parlamentaria, en caso de que llegase a las Cortes. Y asumió que la falta de "pedagogía" y "explicación" de una propuesta de ese calibre les había pasado factura.
El PP no ha incluido el delito de deslealtad constitucional —que el propio Feijóo defendió durante su debate de investidura— en las enmiendas parciales a la ley de amnistía. Y, de momento, permanecerá guardada en un cajón. El anuncio ratificó la apuesta de Génova por la línea dura contra el Ejecutivo para cerrar el paso a Vox asumiendo, con matices, uno de sus principales postulados. Pero en el partido hay voces que, en privado, advierten sobre esa vía. "No tenemos que igualarnos a Vox. Ellos ya están en caída libre. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino", incide un dirigente popular, que recela también de la posibilidad de conquistar al electorado situado a su derecha con iniciativas de este tipo. "Esto no mueve ni un voto", sentencia.
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A. B. Ramos
Cuanto Tellado anunció la propuesta, en el partido advirtieron también del riesgo de caer en incoherencias. La nueva tipificación penal que proponía el PP aterrizó justo en el momento en que trascendieron nuevos contactos del PP con Junts en las semanas previas a la investidura fallida de Feijóo, en concreto una reunión secreta que mantuvo el portavoz del partido en Barcelona, Daniel Sirera, con varios dirigentes de los neoconvergentes. De hecho, esa circunstancia encendió el discurso de los de Santiago Abascal. "El PP pide ilegalizarlos después de negociar con ellos... y después de votar en contra de todas las propuestas de Vox para ilegalizarlos. Increíble, pero cierto", escribió en su cuenta de X.
El asunto volvió a primera plana a principios de esta semana. Y no a iniciativa de Génova. Fue Isabel Díaz Ayuso la que desempolvó durante un desayuno informativo una vieja petición que, de momento, ha caído en saco roto para Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que ha pedido de forma reiterada a la dirección del PP que trasladase desde el grupo parlamentario en el Congreso una petición al Tribunal Supremo para que decida sobre la legalidad de EH Bildu. "Yo no soy partidaria de ilegalizar a quienes piensan distinto, pero nos debemos preguntar si Bildu es legal (...). Yo se lo pido a mi partido. Es una cuestión de proteger al Estado", lanzó. En Génova avanzan que esa posibilidad no está por el momento encima de la mesa.
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