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No es casualidad que Pedro Sánchez atendiese a los medios de comunicación después de la votación de los tres decretos que marcan la debilidad del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. La intervención del presidente dio el pistoletazo de salida a una estrategia que dio paso, al día siguiente, a un despliegue de los pesos pesados del Ejecutivo. O al menos del ala socialista, que no quedó magullada por el fracaso del decreto del subsidio al desempleo, una derrota que queda para el marcador de Yolanda Díaz. María Jesús Montero, Félix Bolaños y Pilar Alegría dieron diferentes entrevistas para explicar el acuerdo con Junts, que supone nuevas cesiones al partido independentista. Y 24 horas después, Ferraz desplegó a sus diputados y dirigentes territoriales por todo el país para desgranar las ventajas de los decretos aprobados en el pleno extraordinario del Congreso, que se celebró en el Senado por las obras en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.
El mensaje tiene varias trayectorias. De un lado, los socialistas se centran en dejar claro que el documento firmado con los neoconvergentes es una declaración de intenciones y todavía debe concretarse. De otro, que los acuerdos que el PSOE cierra con los independentistas son extensibles al resto de comunidades; es decir, que lo que logre Cataluña también podrán tenerlo todos los territorios si así lo solicitan. Y de fondo hay un señalamiento al PP, al que los socialistas llegaron a apelar en el tramo final de las negociaciones de los decretos ante la imposibilidad de convencer a los de Carles Puigdemont antes de finalizar el periodo de votaciones.
Montero continuó con el despliegue este viernes, dos días después de la aprobación de las normas. En un acto en Sevilla, admitió que el Gobierno necesita el apoyo de todos los partidos que votaron la investidura de Sánchez. Pero esta necesidad responde a que "hay una parte de la Cámara que no existe". "Me encantaría poder llegar a acuerdos con el PP, que no haya una trinchera; pero mientras tanto tendremos que pactar con todos", aseveró la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno en un acto organizado por la Cadena Ser en la capital andaluza.
"Cuando figura en un acuerdo con un grupo catalán que las medidas se extienden al resto del territorio, ese párrafo del acuerdo cuesta", reconoció Montero en Sevilla. Es una nueva fórmula del café para todos que inauguró otro sevillano, el centrista Manuel Clavero Arévalo cuando era ministro de las regiones y acabó acercando las competencias de las comunidades históricas con el resto, que inicialmente tendrían menos margen de maniobra. En medio de esta nueva oleada de cesiones a los independentistas catalanes, el PSOE se afana en explicar que los acuerdos cerrados con ERC y Junts son "perfectamente aplicables" para el resto de comunidades autónomas.
Para aplacar la polémica por la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, la número dos de los socialistas ha dejado claro que esa gestión podrá quedar en manos de otros territorios si así lo desean, algo extensible también al traspaso de la gestión de los trenes de Cercanías o a la quita de la deuda a las regiones del régimen común. Montero defendía esta posibilidad, mientras Emiliano García-Page ponía el grito en el cielo porque la nueva cesión a Cataluña supone "el mercadeo de la soberanía nacional". El barón castellano-manchego es el único que ha mostrado abiertamente su "desolación", pero la sensación que se destiló durante todo el miércoles en los diputados socialistas que pululaban por los pasillos del Senado era, como mínimo, de desconcierto.
Se entiende así que PSOE esté enfrascado en la matización del acuerdo y que la número dos del Gobierno lo haya hecho en su tierra para garantizar precisamente que Andalucía será una de las comunidades más beneficiadas por otro de los acuerdos firmados con los independentistas. Se refería así a la asunción de la deuda autonómica por parte del Estado que el PSOE pactó con ERC para blindar la investidura de Sánchez. Este beneficio para la comunidad más poblada del país ya lo esbozó Fedea en un informe hace unas semanas.
La fundación que preside Ángel de la Fuente calculó, con el criterio de deuda por habitante, cómo se aplicaría la rebaja que sí se conoce para Cataluña, cifrada en 15.000 millones de euros. Montero no ha querido hablar de cifras, pero sí ha puesto el foco en este beneficio para Andalucía, algo que no es baladí si se tiene en cuenta que el Gobierno del popular Juanma Moreno ya se ha abierto a la posibilidad de acogerse a esta medida, pese a los recelos de Feijóo.
"Sabemos que no compartimos el modelo territorial [con los independentistas], pero tenemos que seguir pactando mejoras sociales"
La respuesta de Montero sirve, de paso, para calmar al PNV ante la posibilidad, anticipada por el PP, de que el resto de socios del Gobierno se rebelen ante las cesiones a los independentistas. "El PSOE no es ingenuo, llegaremos hasta donde entendamos que está el sentido común", dijo Montero después de admitir que en Moncloa y Ferraz son conscientes de que los pasos dados por el Gobierno "requieren una explicación". "Acordar no puede nunca entenderse como una humillación", abundó la ministra de Hacienda, que se ha mostrado confiada en que la relación entre Junts y el PSOE acabe fraguando, como ha ocurrido con la del resto de socios de la investidura. "Eso no se construye en un mes, pero se hace camino al andar", zanjó la vicepresidenta primera del Gobierno.
"Sabemos perfectamente que no compartimos el modelo territorial [con los independentistas], pero tenemos que seguir pactando mejoras sociales", insistió Montero, que añadió que el actual Gobierno es el resultado de la "voluntad de la ciudadanía" que el 23 de julio votó para conformar unas "Cortes fragmentadas". "Hay que saber interpretar correctamente el mandato de los ciudadanos y orquestar los acuerdos para mejorar la vida de los españoles", declaró la ministra de Hacienda, que en su intervención ha dejado ver una suerte de optimismo sobre la evolución que pueda tomar la actitud de Junts.
Pero esto es algo que no casa con las declaraciones de los neoconvergentes. Y quienes los conocen bien, avisan de que el modus operandi de los de Carles Puigdemont no cambiará fácilmente. "Bienvenidos a Cataluña", bromeaba por los pasillos del Senado un dirigente de ERC después de la votación del pasado miércoles.
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