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El concurso de acreedores del Grupo Otero, la promotora de viviendas de lujo que hace un año se desmoronó dejando promociones a medio hacer, despidiendo a personal y acumulando impagos con numerosos proveedores, podría verse comprometido por el abono del almacenamiento en unos servidores de parte de la contabilidad de la empresa. Un desembolso que los abogados de la compañía consideran que debe afrontar la administración concursal y que de no afrontarse podría suponer la pérdida de una información vital para el proceso, según señalaron partes afectadas.
El punto de partida de esta surrealista situación se sitúa en el pasado 22 de septiembre. Fue cuando la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga emitió un auto en el que se hacía eco de la queja del administrador concursal ante las supuestas lagunas de la información proporcionada por el Grupo Otero sobre una de sus sociedades: Otero Builders SL.
Aproximadamente un mes más tarde, el 29 de noviembre, la autoridad judicial reiteraba su petición y en una providencia volvía a reclamar "toda la contabilidad, completa e intacta, correspondiente a los años 2022 y 2023". Un requerimiento que iba acompañado de una advertencia: "La falta de colaboración puede dar lugar a la apreciación de causa de culpabilidad".
Los representantes legales de la firma, el 14 de diciembre, enviaron un escrito al juzgado en el que califican de "absolutamente inexacta" la "afirmación realizada por la administración concursal" de que "la contabilidad facilitada por parte de Otero Builders SL no está completa ni intacta". Y apunta a que lo que realmente se solicitaba es el aporte de "la copia de seguridad del programa de contabilidad correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023".
Los problemas surgen cuando informa de que el Grupo Otero "no dispone de la información en un servidor propio" y que esta se encuentra "depositada en la nube del proveedor de servicios informáticos". Además, en el documento se especifica que "determinadas funciones", como una copia de seguridad, solo puede realizarlas esta empresa especializada.
Los letrados de la promotora, que se presentaba como "líder en la construcción de viviendas de lujo en la Costa del Sol", explicaron en su escrito que la compañía informática les había respondido que la nueva petición "tiene un coste asociado", circunstancia por la cual "presentan presupuesto para la aceptación de la administración concursal".
Los abogados de los afectados por el desplome de la promotora temen que esto provoque una dilación indebida que dañe el proceso
Pero los contratiempos van más allá del pago por este servicio. El riesgo de perder esta documentación clave, y de poner en un brete el desarrollo del caso, se acrecienta por el aviso lanzado por los técnicos a los abogados: "La dificultad en la obtención de la referida copia de seguridad deriva de que los servidores virtuales donde está la información pueden acabar siendo inaccesibles si no se realiza ninguna tarea de mantenimiento".
Una labor que los representantes legales del Grupo Otero consideran responsabilidad de la administración concursal, por lo que entienden cumplimentado el requerimiento realizado por el juzgado y sitúan cualquier responsabilidad en la otra parte.
Esta situación ha generado gran inquietud en los proveedores —la mayoría, pequeños y medianos empresarios—, que vieron cómo se les dejaron sin abonar material y servicios prestados a la promotora. Por eso, sus abogados están presentando iniciativas para tratar de recopilar la mayor información posible sobre las operaciones de la empresa y conocer su situación real antes de su desplome.
Además, no ocultan que todos estos movimientos pueden provocar una dilación con evidentes consecuencias en el proceso.
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