:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F411%2F4ac%2F119%2F4114ac119cf8d99d25183e505abd402f.jpg)
El abogado de Carles Puigdemont ha presentado este martes dos recursos separados contra las prórrogas decretadas por los jueces instructores del caso Tsunami y el caso Voloh. En ambos casos, Gonzalo Boye -encargado también de la defensa de Josep Lluis Alay, investigado en ambos procedimientos- carga contra los magistrados a los que acusa de actuar sin sustento probatorio y a golpe de titular.
En el caso del recurso contra el auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona prorroga seis meses la investigación del caso Voloh y apunta a la comisión de delitos excluidos expresamente de la ley de amnistía, Boye acusa al instructor Joaquín Aguirre de crear un artificio para alargar el procedimiento.
“Eso tiene su perfecto encaje en la vulneración de derechos fundamentales (…), solo una instrucción prospectiva, carente de cualquier base legal y constitucional, puede llevar ya siete años sin que se haya alcanzado nada razonable, mucho menos a algo serio y que no resulte del todo fantasioso”, indica el recurso al que ha tenido acceso El Confidencial.
El escrito se presenta solo unas horas después de conocerse el auto en que se apunta a la práctica de nuevas diligencias para rastrear el presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista y los contactos de Carles Puigdemont con el entorno de Vladímir Putin para tratar de sumar el apoyo de Rusia a sus planes para desestabilizar España.
El auto de prórroga supone la reactivación de esta causa e introduce más incertidumbre en los efectos de la ley de amnistía pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts per Catalunya. El texto de la norma aprobado la semana pasada por la Comisión de Justicia del Congreso excluye expresamente todos los delitos “de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional”, con independencia de la fase en la que se encuentre el procedimiento.
En su recurso, Boye asegura que, en abril de 2023, el juez Aguirre dictó un auto en el que ordenaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, un paso equiparable al procesamiento y que suele anticipar el envío de la causa a juicio oral. “Debemos estar ante una más de las confusiones en que suele incurrir este Juzgado toda vez que es imposible prorrogar la instrucción”, indica. “Es decir, y para que se entere este Juzgado, la resolución pone fin a la fase de instrucción. Ahora, casi un año después y con sospechosa coincidencia con otras resoluciones de este Juzgado, se acuerda prorrogar la instrucción de una pieza separada que se encuentra ya en fase intermedia”, denuncia.
Además, critica las apariciones en prensa del juez en medios de comunicación, en concreto, en una televisión alemana. Tanto es así que parte del escrito traduce a este idioma parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Ahora que el titular de este Juzgado se dedica a dar entrevistas a la televisión alemana sobre el presente procedimiento, creemos que resulta más útil transcribir la norma de referencia a dicho idioma para facilitar tanto al Juzgado como a los medios alemanes la desviación que representa prorrogar una instrucción que finalizó por el dictado, por el propio juez, del auto de transformación en procedimiento abreviado, hecho que sucedió hace casi un año”, dice.
Conexión Moscú
El instructor del caso Aguirre destaca en su auto las conexiones que el líder de Junts y su equipo establecieron con altos cargos de Moscú para intentar forjar una alianza estratégica en el corazón de la Unión Europea. También añade que se han encontrado indicios de posibles contactos del secesionismo con la extrema derecha. “Este Magistrado ha revisado otra parte importante de la abundante documentación existente en las diferentes piezas de la presente causa, habiendo encontrado datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos, otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana y con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Catalunya, si este se independizaba de forma unilateral de España”, expone la resolución ahora recurrida.
En un segundo recurso, en este caso dirigido al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el abogado también carga contra la prórroga decretada este lunes sobre el caso Tsunami para practicar más pesquisas. Su tesis es que las actuaciones debían haberse prorrogado como tope el 29 de julio y, sin embargo, el instructor no firmó el auto de la anterior prórroga hasta el 2 de agosto. "No se hizo y debe estarse a las consecuencias de ello", advierte. Los argumentos fueron ya rechazados en el último auto en el que se recuerda que la interpretación sobre la ampliación de plazos realizada por el Supremo permite su validez incluso si se acordaron fuera de plazo cuando existe una "conexión funcional de la diligencia respecto de otra que hubiera sido acordada con anterioridad en plazo".
Boye le acusa, además de estar armado "un relato mediático". "Una vez más vemos cómo se introducen datos, relatos y supuestos hechos que no solo no se corresponden con la realidad, sino que, además, no deberían ser incluidos en un auto de prórroga de la instrucción, pero que sirven para alimentar a un relato mediático que impida ver la realidad de las irregularidades, constitutivas de nulidad, que sufre ese procedimiento", indica el recurso.
Según aseguraba el lunes el instructor, del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami "fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia", dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva.
García-Castellón apuntaba a que su gestación se venía planificando "desde tiempo atrás" y que su lanzamiento final tuvo lugar el 28 de agosto de 2019 como respuesta a la sentencia del procés. También destaca que en las conversaciones intervenidas se hace referencia a que Òmnium informaría "directamente al presidente Puigdemont, pudiendo considerar, en base a la información facilitada por la Guardia Civil, que tanto esta fundación como el propio Puigdemont podrían haber participado en la aparición de la organización, extremos que deberán esclarecerse en la investigación".
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}