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Decenas de asociaciones de funcionarios han elevado el tono contra la ley de amnistía y los pactos que el PSOE ha alcanzado con los partidos independentistas. Conservadores y progresistas han unido fuerzas para advertir sobre los riesgos que conllevan para la separación de poderes, pero en medio de este inusual consenso, la Academia Española de Administración Pública se ha desmarcado del resto para defender que los funcionarios han de respetar "las decisiones adoptadas por los legítimos representantes del pueblo español".
La academia sacó adelante esta declaración el 13 de noviembre con el respaldo de su presidente, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla, exdiputado socialista que ejerció como secretario de Estado durante el primer Gobierno de Felipe González: "Ni en el pasado ni tampoco ahora corresponde al colectivo profesional de empleados públicos emitir juicios con carácter preventivo y motivación política para influir, obstaculizar o alterar el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático".
La junta directiva sostiene que el resto de asociaciones "sientan un peligroso precedente" con sus críticas, pero uno de sus socios fundadores no ha tardado en enviar una carta para mostrar su desacuerdo.
Carta al presidente
Jaime Nicolás Muñiz, antiguo letrado del Tribunal Constitucional y exjefe de gabinete de Francisco Rubio Llorente en el Consejo de Estado, considera que el comunicado de la academia incurre en la más absoluta "incoherencia y contradicción". Según advierte, "no es más que un antimanifiesto poco desarrollado y algo redundante frente a las posiciones de todas las demás asociaciones, un aleccionamiento sobrado y altivo".
La academia se fundó hace 12 años y entre sus miembros destacan antiguos secretarios de Estado y directores generales durante gobiernos del PSOE, un hecho que Muñiz tampoco pasa por alto en su carta: "Se pretende revestir lo que parece un seguidismo político no menor de los otros partidos, los partidos de los pactos". "No creo que, con independencia de las tendencias políticas individuales de los asociados, esa sea la postura que deba adoptar nuestra asociación".
La junta directiva de la academia se escuda en los "principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad" para criticar al resto de asociaciones, pero él destaca que en el comunicado ni siquiera se "autoaplican ese criterio" y terminan por deslizar una idea peligrosa: "La nada democrática restricción de los derechos de los servidores públicos como ciudadanos".
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A la vista de la "urgencia" con la que se aprobó la declaración, Muñiz sugiere a la junta revisar o incluso retirar la misma y celebrar una sesión de trabajo "sobre la grave situación por la que atraviesan nación y Estado". Sin embargo, nada apunta a que vayan a atender su solicitud: 15 días después de enviar la carta a su presidente, el comunicado sigue intacto en la página web de la academia.
Carta al exdirector de la Guardia Civil
De hecho, Muñiz ya ha enviado otra carta con la misma idea. Esta vez, a Francisco Javier Velázquez López, primer presidente de la academia, actual vocal de su junta y director general de la Policía y la Guardia Civil durante el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Velázquez publicó el 18 de noviembre un artículo en el periódico venezolano El Nacional bajo el título "Neutralidad de los funcionarios" en el que se hacía eco del comunicado de la asociación y citaba a Max Weber: "El auténtico funcionario no debe hacer política, sino limitarse a administrar, sobre todo imparcialmente". "La neutralidad política de los funcionarios se convierte en un principio fundamental".
La respuesta de Muñiz a este texto se centra en el riesgo de que esa neutralidad se entienda como la obligación de callar ante cualquier situación: "En democracia, los funcionarios no pueden hacer política como tales servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, pero sí fuera de sus funciones estatutarias y de servicio, como ciudadanos, individual y colectivamente".
Muñiz no duda en mostrarse de acuerdo con que "la Administración ha de estar dirigida por los gobiernos democráticamente elegidos y no gobernada por funcionarios", pero considera que la academia se ha pasado de frenada: "Ni siquiera creo que el tipo ideal de funcionario fiel y ciego ejecutor de órdenes superiores que allí se atisba sea el del tecnócrata weberiano, sino más bien el tipo ideal bismarckiano, prusiano, de servidor del Estado, autoritario y, llevado al extremo, el propio de las dictaduras".
Tras la ley de amnistía y las referencias del PSOE a un supuesto lawfare contra el independentismo, cada vez son más los funcionarios que siguen la misma línea al considerar que la crítica no está reñida con el principio de imparcialidad. Al menos para Muñiz, pedirles que guarden silencio implica destruir el "mismo pluralismo político que nuestra Constitución consagra".
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