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El Gobierno cree que puede existir una fórmula de despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que favorezca en algún momento la renovación, y que el PSOE y Sumar están dispuestos a explorar si fracasa un próximo intento de negociación con el PP. Se trata del plan Guilarte, la propuesta del actual presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, que pasa por quitarle a este órgano la potestad de hacer nombramientos a dedo y profesionalizar la designación de las vacantes del Tribunal Supremo.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguró que esta idea "está sobre la mesa", en una conversación con periodistas en el Congreso, durante el acto institucional del día de la Constitución. Aunque no apuntó a una salida concreta si persiste el bloqueo y no hay acuerdo con Alberto Núñez Feijóo, sí señaló que el actual CGPJ "cuenta con unos poderes" que no tienen otros órganos similares en otros países. Otros miembros del Gobierno se refirieron también a esta propuesta como una posible vía de entendimiento con el PP, ante su exigencia de un cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez tiene previsto reunirse con Feijóo este mismo mes y en el orden del día estarán, según él mismo avanzó, la renovación del CGPJ, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido y la nueva financiación autonómica.
En los últimos días, se ha abierto una rendija para actualizar de una vez el órgano de gobierno de los jueces, que este lunes cumplió cinco años caducado. El Ejecutivo quiere retomar la negociación en el arranque de esta nueva legislatura y la presión de Bruselas sobre el PP para cerrar un pacto es cada vez mayor. Pero Génova, que ha roto hasta en tres ocasiones un acuerdo cerrado, pide ahora acompañar la renovación de un cambio simultáneo en el método de elección para que 12 de sus 20 vocales sean elegidos directamente por jueces y magistrados, y reservar el Congreso y el Senado solo a los ocho vocales del turno de jurista. El presidente entiende que "no es aceptable que el PP trate de imponer su posición cuando no tiene mayoría" y adelantó que no asumirá que se pongan condiciones.
El plan Guilarte, adelantado por El Confidencial, es que los presidentes de tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales sean elegidos por los jueces de cada territorio, como ya ocurre ahora con los jueces decanos. Y que a los magistrados y magistradas del Supremo los elija un tribunal, dependiente del CGPJ, de jueces de la sala a la que aspire el candidato, catedráticos y otros profesionales de la Justicia, como abogados del Estado, registradores, notarios y otros altos funcionarios. Esta profesionalización eliminaría el incentivo político que han perseguido tradicionalmente los dos principales partidos: tratar de controlar, a través de mayorías conservadoras o progresistas, los principales nombramientos.
Aunque para el Gobierno es una opción a considerar en Génova no contemplan esta vía. Ayer en el Congreso, en los corrillos del PP, se deslegitimaba el plan de Guilarte porque es "muy amigo" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero, precisamente, esa cercanía viene de cuando los dos formaron parte del CGPJ, adonde ambos llegaron en 2013 a propuesta de los populares.
Sánchez no se da por vencido con el Consejo General del Poder Judicial y sostiene que el PP carece de razones "más allá del espurio argumento de controlar el Poder Judicial". "La Constitución se tiene que cumplir", destacó. En la última negociación, que naufragó por la decisión del Gobierno de eliminar el delito de sedición, se llegaron a pactar los nombres y que el nuevo CGPJ redactara en seis meses una nueva ley.
Pese al horizonte de un encuentro entre el presidente y Feijóo, en el PSOE no existe ninguna confianza en que el PP se avenga a la renovación. Si se produce un nuevo fracaso, el jefe del Ejecutivo deberá resolver si opta o no por reducir las competencias de este órgano, aunque ahora ya no puede hacer nombramientos porque los socialistas aprobaron una modificación que limita su actividad con el mandato acabado.
La dirección de Génova evita valorar siquiera la idea del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial. No quieren "trucos", ni "fórmulas mágicas", insisten. De hecho, algunas fuentes populares califican la iniciativa de "ocurrencia" y reiteran que el único camino que garantiza la despolitización del órgano es la reforma del sistema de elección. La propuesta que llevará Feijóo a la cita con Sánchez es la misma que el dirigente ha defendido en público: renovar el CGPJ con la ley actual y registrar en paralelo una reforma que lleve la firma de PSOE y PP. "O eso, o no hay acuerdo", subrayan en el entorno del gallego.
El PP abre una rendija a la renovación del CGPJ tras el toque de atención de Europa
Beatriz Parera
Los populares están dispuestos a sentarse con el Gobierno para abordar el enésimo intento de acuerdo para solucionar la situación de interinidad del Poder Judicial. Feijóo no tomará la iniciativa, pero descolgará el teléfono si la Moncloa llama. El presidente no contó ayer cuándo su gabinete contactará con el PP, pero sí dio por sentado el encuentro con el líder de la oposición. En Génova, desconfían del último movimiento de Sánchez y denuncian que se hayan enterado de la predisposición del jefe del Ejecutivo de reunirse con el líder del PP "por los medios de comunicación". "No se puede iniciar una negociación desde el engaño y desde la mentira", añaden.
Pese a mantener una posición de máximos, lo cierto es que Feijóo ha girado levemente el timón y suavizado la postura del PP respecto al desbloqueo del CGPJ. Hace unos meses, el líder popular endureció las condiciones y señaló que el órgano debía renovarse con la reforma judicial ya en marcha. Ahora, accede a tramitarlo de forma simultánea. Pero no irá más allá. "Espero que podamos avanzar, pero yo no voy a ser cómplice del control de las instituciones del Estado", advirtió el líder popular este miércoles en el Congreso.
La Constitución, con garantías por escrito
El PP se abre también a firmar junto al PSOE la reforma del artículo 49 de la Constitución, aunque en Génova se muestran bastante escépticos respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo, por las compañías de Sánchez en el Congreso. Apuntan en la dirección del PP que Sánchez "tiene miedo" de abrir el melón constitucional por la incapacidad de "controlar" a sus socios, que podrían aprovechar el momento para introducir enmiendas que profundicen en el camino de la autodeterminación. Pero lo cierto es que el jefe del Ejecutivo lo quiere abordar en la reunión. Es un asunto pendiente desde hace cinco años, en el que se requiere el acuerdo del PSOE y del PP.
En este punto, Feijóo exigirá "garantías escritas" al presidente del Gobierno para trazar una reforma quirúrgica limitada en exclusiva a la eliminación del término disminuido, pero en su equipo creen que la presión de sus aliados independentistas pone difícil, si no imposible, cualquier reforma constitucional. Lo mismo sucede con la reforma del sistema de financiación autonómica, en la que la virtual vocación de entendimiento de los dos grandes partidos se topa después con muchos problemas internos. El Gobierno asegura que lo quiere pactar con el PP, que además posee ahora un ingente poder territorial. Aunque, a la vez, trata de atraerse a cada una de las comunidades. A los populares les gustaría poder mantener una posición común, pero cada autonomía, al margen de su color político, tiene unas necesidades.
Al margen de todas las dificultades, un encuentro entre Sánchez y Feijóo ya supone en sí mismo un avance, en un clima de absoluta confrontación. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición no mantienen ninguna interlocución directa, tampoco sus gabinetes, y la relación personal entre ellos se encuentra muy deteriorada. Los puentes están prácticamente rotos y las posibilidades de acuerdo, a priori, parecen mínimas. De hecho, el jefe del Ejecutivo reiteró su negativa a aceptar las cláusulas de su homólogo popular: "No voy a aceptar que se pongan condiciones", incidió.
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